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Modifica la Ley 16/2014 de acción exterior de Cataluña para crear un cuerpo de funcionarios con conocimientos específicos en acción exterior y relaciones con la Unión Europea. Regula también su desarrollo reglamentario, la afectación presupuestaria y la entrada en vigor.

Modifica la Ley 21/2003 de fomento de la paz para crear el plan director País de Paz, que la Generalitat debe elaborar cada cuatro años. El plan fija prioridades y recursos en prevención y resolución de conflictos, y el Parlamento lo aprueba a propuesta del Gobierno.

Declara «zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio dañado por la DANA que afectó a la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Esta declaración permite aplicar las medidas de ayuda previstas en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por la Generalitat de Cataluña contra varios artículos del Reglamento de adopción internacional. La sentencia declara nulos algunos preceptos de la Ley 54/2007 y de su reglamento que atribuían al Estado funciones ejecutivas en adopción internacional.

Establece subvenciones extraordinarias para entidades locales de Cataluña con el fin de financiar proyectos de empleo y fomento de la actividad económica en territorios afectados por confinamientos más severos durante la COVID-19. Regula las actuaciones subvencionables, los requisitos de las entidades beneficiarias, las cuantías y el procedimiento de concesión.

Establece ayudas económicas urgentes para las entidades del tercer sector social de Cataluña, con el fin de afrontar el aumento de gastos causado por la pandemia de COVID-19. Regula quién puede recibirlas, los requisitos, la solicitud, la cuantía y la financiación.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias entre el Estado y la Generalitat de Cataluña sobre el plan estratégico de acción exterior 2019-2022. Anula los apartados que invaden competencias estatales en relaciones internacionales y declara inconstitucionales los objetivos de internacionalizar infraestructuras portuarias y aeroportuarias estatales.

El Tribunal Constitucional mantiene suspendido el Plan estratégico de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea 2019-2022 de la Generalidad de Cataluña. La suspensión se había acordado al admitir un conflicto de competencia planteado por el Gobierno de la Nación.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

Deja sin efecto las restricciones de salida de personas de los municipios de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena, que se habían prorrogado por la Orden SND/290/2020. Los procedimientos sancionadores ya iniciados siguen siendo válidos y continúan su tramitación.

La ley regula la prevención de las pérdidas y el despilfarro de alimentos en Cataluña. Establece obligaciones para las empresas de la cadena alimentaria, la restauración, la Administración y las entidades sociales que distribuyen alimentos. También fija un plan estratégico de prevención y un régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional estima el incidente de ejecución de la sentencia 98/2019 y declara nulos los incisos de la Resolución 534/XII del Parlamento de Cataluña que reiteran la reprobación al rey Felipe VI y apuestan por abolir la monarquía. Suspende esos incisos de forma inmediata.