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Establece el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de otras entidades que prestan servicios de inversión. Regula su autorización, registro, agentes, sucursales, gobierno corporativo, requisitos de organización y normas de conducta con los clientes.

Modifica la Ley General Tributaria para aplicar en España la Directiva europea DAC 7. Crea la obligación de que los operadores de plataformas digitales informen a la Administración sobre los ingresos de sus vendedores. También regula inspecciones conjuntas y controles simultáneos entre países de la UE.

Regula cómo se concede apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios de ajuste recíproco de intereses (CARI). El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo puede autorizar estos convenios, que las entidades financieras firman con el ICO. Sustituye a la Orden ECC/488/2016.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 5.000 millones de euros para que las entidades financieras concedan financiación a empresas y autónomos. El Instituto de Crédito Oficial gestiona los avales, que cubren el capital impagado y no los intereses.

Modifica el Real Decreto 92/2018 para que los intereses generados por las cuentas donde se ingresan los fondos anticipados a los organismos pagadores de las comunidades autónomas se liquiden al Tesoro Público una vez al año, en lugar de cada trimestre. La liquidación anual abarca del 1 de enero al 31 de diciembre.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 38/2020, que adopta medidas para adaptarse a que el Reino Unido sea un Estado tercero tras el fin del período transitorio del Acuerdo de retirada de la Unión Europea. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, sobre medidas financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Adapta la normativa española a la salida del Reino Unido de la Unión Europea tras el fin del periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020. Regula el acceso a profesiones, el empleo público, la Seguridad Social, la asistencia sanitaria, la Universidad, la contratación pública y otros ámbitos afectados.

Exime del IRPF el ingreso mínimo vital y otras ayudas de subsistencia hasta un límite conjunto anual. También aprueba una ampliación de crédito para el Ministerio de Hacienda y modifica dos leyes fiscales para ejecutar sentencias judiciales.

España comunica a la ONU que rechaza la reserva y la declaración que Líbano presentó al adherirse al Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. España considera que esas reservas van contra el objeto y fin del Convenio y contra su artículo 6.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2020, que incorpora al ordenamiento jurídico español varias directivas de la Unión Europea. Las materias afectadas son la contratación pública en determinados sectores, los seguros privados, los planes y fondos de pensiones, el ámbito tributario y los litigios fiscales.

Incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la contratación pública en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la adjudicación de contratos de concesión. También adapta la normativa sobre seguros privados, planes y fondos de pensiones, y modifica normas fiscales sobre el IVA, impuestos especiales y resolución de litigios fiscales.