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Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Modifica el destino de los ingresos del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente de la producción de energía eléctrica nuclear. Amplía el fondo nuclear a proyectos de reindustrialización, transición energética, vivienda, salud, educación y servicios sociales, y crea fondos de gestión forestal y de protección del sector pesquero.

Modifica normas de urbanismo y de energías renovables para agilizar la construcción y explotación de instalaciones renovables y de almacenamiento en Cataluña, tras el apagón del 28 de abril de 2025. Prioriza estas instalaciones y su infraestructura conexa.

Modifica normas catalanas de contratación pública para incorporar criterios de calidad, sociales y medioambientales en la compra de obras, suministros y servicios por las administraciones catalanas. Regula la contratación conjunta, la división en lotes, los pagos menores y la subcontratación.

Establece medidas urgentes para el transporte discrecional de viajeros en autobús y en vehículos de turismo en las Illes Balears, con el fin de ajustar la oferta a la demanda turística. Regula la contratación por plaza, licencias temporales de autotaxi y autorizaciones de alquiler con conductor, y modifica varias leyes autonómicas.

Establece medidas para impulsar la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. Regula el autoconsumo, las comunidades de energía, las líneas directas y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de la generación renovable y crea un fondo de solidaridad energética.

Declara de interés general la producción de hidrógeno a partir de electricidad generada en instalaciones aisladas de energías renovables en Extremadura. Regula el régimen aplicable, los efectos de esa declaración y el procedimiento para reconocer la utilidad pública o interés social.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para compensar la subida de precios. Incluye ayudas para personas desempleadas, pagos para personas en situación de dependencia, una ayuda para beneficiarios del Bono Social Térmico y aumentos de la renta social garantizada y de emancipación.

El decreto-ley declara de interés general el aprovechamiento de los recursos minerales de litio en Extremadura. También fija que el tratamiento y beneficio metalúrgico y mineralúrgico se realice en la región y prevé la declaración de utilidad pública e interés social a efectos expropiatorios.

Establece un aumento extraordinario del 15 % en la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital durante mayo, junio y julio de 2022. También sube la cuantía máxima del complemento para gastos de vivienda y de la ayuda de urgencia para el consumo energético.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para responder a los efectos de la guerra en Ucrania. Incluye actuaciones para acoger a personas desplazadas, agilizar subvenciones, contener precios de la energía y del transporte, y mantener el equilibrio económico de los contratos públicos.

Modifica el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas contra la COVID-19 en las Illes Balears, para adaptar las infracciones a la exigencia del certificado covid digital UE en determinados establecimientos según el nivel de alerta sanitaria de cada isla. También regula un régimen excepcional de declaración responsable para obras e instalaciones en suelo urbano.

Crea programas de ayudas para reactivar la demanda en Extremadura tras la crisis sanitaria. Las ayudas se dirigen al comercio al por menor de textil y calzado, al comercio de muebles, a la compra de electrodomésticos de alta eficiencia energética y a la mejora de eficiencia energética y accesibilidad en viviendas.