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Modifica el Real Decreto 413/2014, que regula la producción de energía eléctrica con renovables, cogeneración y residuos. Cambia también normas sobre fomento de la cogeneración y sobre autoconsumo, y fija cuándo se aplican los cambios y cuándo entra en vigor.

Modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013 para añadir una nueva exención (apartado 46). Esta exención permite usar cadmio y plomo en perfiles de plástico de ventanas y puertas eléctricas y electrónicas fabricados con cloruro de polivinilo (PVC) reciclado.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materia de tasas e impuestos propios y cedidos, y en organización administrativa. También cambia normas sobre vivienda, servicios sociales, infancia, juego, función pública, educación, agricultura, medio ambiente y sanidad.

Modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, que regula las restricciones al uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. Añade un punto al apartado 9.a) para permitir el uso de cromo hexavalente como protector contra la corrosión en bombas de calor de absorción impulsadas por gas.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Regula la producción y gestión de residuos en España para avanzar hacia una economía circular. Establece la jerarquía de residuos, objetivos de prevención, reutilización y reciclado, y obligaciones para productores y gestores. Incluye medidas fiscales, normas sobre suelos contaminados y un régimen sancionador.

Establece las garantías financieras que deben constituir las empresas que tratan residuos y los sistemas de responsabilidad ampliada. Regula cómo se formalizan la fianza y el seguro de responsabilidad civil, su importe, vigencia, cancelación y ejecución.

Establece los criterios para que el caucho granulado y el polvo de caucho obtenidos de neumáticos fuera de uso dejen de ser considerados residuos cuando se destinan a ciertas aplicaciones. También modifica otras órdenes sobre papel y cartón recuperado, aceite usado y fuel recuperado.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Aragón. El dinero financia trabajos de control y vigilancia de suelos contaminados por la antigua fabricación de lindano en Sabiñánigo (Huesca).

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado contra varios artículos de la Ley de la Región de Murcia 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor. La sentencia examina si esos preceptos respetan las competencias del Estado y los derechos de propiedad y libertad de empresa al limitar la explotación agrícola en la zona.

Modifica dos normas sobre residuos: la de pilas y acumuladores y la de aparatos eléctricos y electrónicos. Incorpora al derecho español una directiva europea sobre jerarquía de residuos y sobre la comunicación de datos de gestión de residuos.

Este acuerdo multilateral permite que los materiales radiactivos de baja actividad específica BAE-III no tengan que pasar el ensayo de lixiviación que exige el ADR para su transporte. El resto de requisitos del ADR para transportar estos materiales se mantiene. El acuerdo vale hasta el 31 de diciembre de 2022.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El dinero financia obras de seguridad y clausura de la instalación de residuos mineros abandonada «El Lirio», en Cartagena.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos, disposiciones transitorias y un anexo de la Ley 3/2020, de recuperación y protección del Mar Menor, de la Región de Murcia. El recurso lo presentan diputados del Congreso.

La ley regula la recuperación y protección del Mar Menor, en la Región de Murcia. Crea órganos de coordinación y asesoramiento, y fija normas sobre urbanismo, vertidos, agricultura, ganadería, pesca, puertos, turismo y minería en su entorno. Incluye un régimen sancionador.