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Declara el fin de la emergencia de interés nacional en Extremadura y Madrid, que se había activado por la interrupción del suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. La medida se toma tras comunicar ambas comunidades que la situación es de normalidad en los servicios públicos.

Deja sin efecto la declaración de emergencia de interés nacional por el corte de suministro eléctrico del 28 de abril de 2025 en Andalucía, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Murcia y Comunitat Valenciana. La orden produce efectos desde su adopción y se comunica a las comunidades afectadas.

Declara la emergencia de interés nacional en Andalucía, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia por el corte de suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. El Ministro del Interior asume la dirección y coordinación de las actuaciones y de los recursos estatales, autonómicos y locales en esas zonas.

Amplía a Castilla-La Mancha, Galicia y la Comunitat Valenciana la declaración de emergencia de interés nacional ya aprobada por la interrupción del suministro eléctrico del 28 de abril de 2025. Estas tres comunidades habían pedido que se extendiera a su territorio.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Establece las bases para conceder subvenciones a entidades locales incluidas en los Planes de Emergencia Nuclear. Regula quién puede recibir las ayudas, qué actuaciones se financian, los criterios de valoración y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

Concede una subvención directa al Instituto Volcanológico de Canarias, S.A.U. para desplegar durante cuatro años (2023-2026) un sistema de vigilancia de emisiones de gases tóxicos en Puerto Naos y La Bombilla, en La Palma. La norma regula el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.

Aprueba la Norma Básica de Protección Civil, que fija las directrices para identificar riesgos de emergencias y catástrofes, el contenido mínimo de los planes de protección civil y las bases para coordinar a los servicios de intervención. También establece el catálogo de riesgos que deben planificarse.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que establece normas básicas de seguridad para proteger a la población y al personal de intervención frente a radiaciones ionizantes en emergencias nucleares o radiológicas. El acuerdo se integra en el Plan Estatal General de Emergencias de Protección Civil.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2021, que recoge medidas urgentes de apoyo para reparar los daños de las erupciones volcánicas y para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma.

Establece ayudas y medidas urgentes para reparar los daños de la erupción volcánica de La Palma y reconstruir la isla. Incluye apoyos para vivienda, empleo, Seguridad Social, consumo, impuestos, suministros, infraestructuras, agricultura y pesca.

Establece las bases para conceder subvenciones a entidades locales incluidas en los Planes de Emergencia Nuclear. Regula quién puede solicitarlas, qué actuaciones se financian, los criterios de valoración y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

Amplía la aplicación de las ayudas del artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019 a situaciones catastróficas ocurridas hasta el 31 de marzo de 2020. Estas ayudas subvencionan hasta el 50 % del coste de proyectos de reparación de infraestructuras y servicios municipales.

Establece qué información debe darse a la población y al personal de intervención antes y durante una emergencia nuclear o radiológica. Regula el contenido de esa información, su actualización y los avisos a la Unión Europea, a otros países y a organizaciones internacionales.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.