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Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid sobre ordenación del territorio, suelo y urbanismo, medio ambiente, energía, agua, bienestar animal y calidad alimentaria. Crea los Planes Territoriales y los Planes Estratégicos Municipales y ajusta trámites y competencias en estas materias.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2024, con la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, operaciones financieras y actualización de tributos propios.

Modifica la Ley de Patrimonio Cultural Vasco para fijar los criterios por los que un bien inmueble puede tener protección básica y para permitir instalar energías renovables en bienes del patrimonio, sobre todo residenciales. También establece un plazo para que los catálogos municipales se adapten.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2022. Modifica tributos propios y cedidos, como las tasas, el impuesto sobre viviendas vacías y el de residuos, y cambia normas en materias como turismo, servicios sociales, vivienda, sanidad, educación y agricultura.

La Ley aprueba los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para 2022. Fija los ingresos y gastos previstos, las normas de gestión presupuestaria, las retribuciones del personal público y las operaciones financieras.

Regula el uso recreativo de las aguas termales en Galicia. Establece cómo se declaran esas aguas, qué autorización o concesión se necesita para aprovecharlas, las condiciones de las instalaciones y el régimen de inspección y sanciones.