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Aprueba el Estatuto del Instituto para la Transición Justa, un organismo público que apoya a trabajadores y territorios afectados por el cierre de actividades ligadas a los combustibles fósiles. Regula su naturaleza, funciones, órganos de gobierno y régimen jurídico.

Regula la primera subasta para otorgar el régimen económico de energías renovables, un marco de retribución a largo plazo basado en un precio por la energía. También fija el calendario indicativo de subastas para el periodo 2020-2025.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El dinero financia obras de seguridad y clausura de la instalación de residuos mineros abandonada «El Lirio», en Cartagena.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de prevención de riesgos y seguridad minera. Las ayudas van a empresas (inversión material) y a entidades sin ánimo de lucro (formación). Su fin es reducir la siniestralidad en la minería en España.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que aprueba medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica las bases de las ayudas a proyectos de entidades locales afectadas por el cierre de centrales térmicas de carbón. Cambia qué órganos tramitan estas ayudas y actualiza el nombre del organismo que las gestiona.

Concede dos subvenciones directas a la Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del Principado de Asturias para actuaciones en materia de seguridad minera. Fija el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Desarrolla la estructura organizativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico hasta el nivel de subdirección general y define las competencias de cada órgano. También modifica el real decreto que fija la estructura básica de los departamentos ministeriales.

Establece medidas para asegurar el suministro de carburantes y combustibles en estaciones de servicio y postes marítimos durante el estado de alarma por el COVID-19. Fija criterios para determinar qué estaciones deben mantener su horario habitual y cuáles pueden flexibilizarlo.

Reorganiza la Administración General del Estado y fija los 22 ministerios que la componen, con sus competencias y sus órganos superiores, como secretarías de Estado.