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Regula el uso de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa para producir energía en España. Establece el principio de uso en cascada de la biomasa forestal y limita las ayudas públicas a la producción de energía con determinada madera. Modifica normas anteriores sobre energía eléctrica y criterios de sostenibilidad.

Establece las normas para aplicar en España dos reglamentos europeos: uno sobre el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales y otro para reforzar la fabricación de tecnologías de cero emisiones netas. Crea puntos de contacto únicos, comisiones de coordinación y procedimientos para declarar proyectos estratégicos.

Concede una subvención directa a la Fundación Minería y Vida para financiar actividades de sostenibilidad en la industria de las materias primas minerales. Estas actividades forman parte del I Plan de Acción 2026-2030, que incluye una campaña de concienciación, una memoria de sostenibilidad, una guía práctica y convenios voluntarios.

Modifica la Ley Foral 17/2020, que regula las actividades con incidencia ambiental, para ordenar la implantación de plantas de biometanización en explotaciones agroganaderas de Navarra. Establece un marco para estas instalaciones, que gestionan residuos y producen energía renovable.

Prorroga y amplía medidas del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio ante el encarecimiento de la energía. Incluye límites de precio del gas y los gases licuados, rebajas fiscales en hidrocarburos, electricidad e IVA, y ayudas al gasóleo agrario, la pesca y el transporte.

Regula la concesión directa de una subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para reducir el coste del agua de riego agrícola procedente de desalación y de pozos y galerías. También modifica el Real Decreto 1159/2020, que regula una subvención a la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.

Adapta en Navarra la normativa del IVA y del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica a las normas estatales vigentes. Fija tipos reducidos de IVA para determinados productos energéticos y regula la base imponible y los pagos fraccionados del impuesto eléctrico.

Regula cómo las empresas titulares de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica presentan y obtienen aprobación de sus planes de inversión anuales y plurianuales. Fija los límites máximos de inversión con derecho a retribución con cargo al sistema y el control de su ejecución.

Modifica dos reales decretos que regulan subvenciones directas con fondos del Plan de Recuperación. Estas subvenciones financian inversiones de digitalización de redes de distribución eléctrica, infraestructuras de recarga del vehículo eléctrico y proyectos estratégicos en la red de transporte eléctrica.

Establece nuevos estándares de competencias profesionales y suprime otros en diez familias profesionales, como Administración y Gestión, Agraria, Energía y Agua o Transporte y Mantenimiento de Vehículos. Estos estándares forman parte del Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales y sirven de referencia para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional.

Regula la concesión directa de ayudas para renovar equipamiento en establecimientos de hostelería. Fija quiénes pueden solicitarlas, qué gastos se cubren, cómo se presentan las solicitudes y cómo se justifican y cobran las ayudas.

Regula la concesión directa de ayudas para comprar vehículos eléctricos y electrificados dentro del Programa Auto+. Fija quiénes pueden solicitarlas, cómo se piden, los plazos y las cuantías, y cómo se controlan y reintegran.

Modifica varias normas para impulsar la descarbonización del transporte y el uso de combustibles renovables. Fija objetivos de reducción de emisiones para el transporte aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera, y regula la verificación de la sostenibilidad de estos combustibles.

Concede de forma directa dos subvenciones: una a la Universidad Politécnica de Madrid y otra al Servicio de Salud del Principado de Asturias, para actuaciones en materia de seguridad minera. Regula el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Establece que las empresas concesionarias del transporte interurbano de viajeros por carretera en Cataluña deben presentar planes para descarbonizar su flota de vehículos y mejorar la información a los usuarios. Regula el contenido de esos planes, su presentación, valoración, resolución, seguimiento y las consecuencias de no cumplirlos.

Modifica la Ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera del Principado de Asturias. Añade que, cuando una infracción muy grave conlleve la clausura definitiva de la explotación, debe iniciarse el procedimiento de caducidad del derecho minero. También regula los procedimientos sancionadores ya en tramitación.

Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Declara de utilidad pública y aprueba la desafectación de 59.873,41 metros cuadrados de terreno comunal del Ayuntamiento de Ablitas (Navarra). Autoriza al Ayuntamiento a permutar esos terrenos con la Comunidad de Regantes de Ablitas por 124.438,67 metros cuadrados.

Establece medidas fiscales en Navarra para responder a las consecuencias económicas de la crisis en Oriente Medio. Amplía plazos para reinvertir beneficios extraordinarios y para la Reserva Especial para Inversiones, y crea una deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de las viviendas en 2026.