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Modifica y amplía el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado en marzo de 2026. Ajusta impuestos sobre la energía y los carburantes, y extiende ayudas a agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas.

Concede una subvención directa al Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera para financiar actividades formativas en el «Espacio Valdeavellano». La subvención cubre gastos de funcionamiento de esas actividades, en colaboración con el INAP.

Modifica las bases de las subvenciones del Programa CULTIVA, que financia estancias formativas de jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones modelo. Concreta plazos, aclara la subsanación de solicitudes, ajusta el importe máximo por entidad y cambia la lista de espera cuando una explotación anfitriona renuncia.

Regula la concesión directa de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2026. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos subvencionables, las cuantías, el pago, la justificación y los reintegros.

El Decreto-ley establece medidas urgentes en las Illes Balears para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. Incluye ayudas y subvenciones para empresas, agricultura, pesca, transporte, industria y comercio, además de medidas fiscales, de contratación pública y de función pública.

El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modificaba la Ley 5/2017 sobre participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales. La ley está recurrida por el presidente del Gobierno y su aplicación queda suspendida mientras se resuelve el recurso.

Establece ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) en enero de 2026. Regula quiénes pueden recibirlas, sus importes, cómo se gestionan y conceden, y su compatibilidad con otras indemnizaciones. También crea Oficinas de Atención Integral y protege a las personas trabajadoras afectadas.

Modifica la Orden TMS/368/2019, que regula la oferta formativa de las administraciones competentes en formación profesional para el empleo y las bases para conceder subvenciones públicas que la financian. Actualiza ese marco para adecuarlo a la Ley 3/2023, de Empleo.

Actualiza normas sobre la formación programada en las empresas y sobre subvenciones en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo. Mantiene la concesión directa de subvenciones a corporaciones locales por contratar personas desempleadas en proyectos de garantía de rentas del Programa de Fomento del Empleo Agrario y la suprime para las destinadas a generar empleo estable. Extiende ese régimen a una nueva ayuda por asistencia diaria a acciones formativas de determinados colectivos desempleados.

Concede una subvención directa a la Universidad Pública de Navarra para elaborar un inventario de edificaciones y obras hechas por personas sometidas a trabajos forzados bajo el franquismo en el ámbito penitenciario y concentracionario. También incluye identificar a las entidades y empresas beneficiarias de esa explotación y a las víctimas.

Regula la concesión directa de subvenciones para proyectos de cooperación internacional al desarrollo sostenible, gestionadas por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. Establece las entidades beneficiarias, las actividades financiables, las cuantías, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las entidades.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del «Proyecto ICEX Vives», que financia prácticas formativas no laborales en el extranjero para jóvenes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La norma actualiza esa orden de bases y fija su entrada en vigor.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra la Ley 2/2025 de la Región de Murcia, que modifica la ley de participación institucional de sindicatos y organizaciones empresariales. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, los preceptos impugnados quedan suspendidos.