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Incluye nuevos estándares de competencias profesionales en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales e integra en él los estándares derivados de las antiguas unidades de competencia. También adapta esas unidades y fija una relación de equivalencias.

Actualiza y modifica parcialmente cualificaciones profesionales de diez familias profesionales recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas cualificaciones sirven de referencia para diseñar y acreditar la formación profesional.

Establece el régimen jurídico para el uso civil de sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS o drones) en España y modifica varias normas reglamentarias sobre control de importación, demostraciones aéreas, lucha contra incendios, búsqueda y salvamento, aeronavegabilidad, licencias, matriculación de aeronaves, compatibilidad electromagnética, reglamento del aire y notificación de sucesos.

Modifica el artículo 53 de la Ley Foral de protección civil y emergencias de Navarra. Define los puestos de conductor auxiliar bombero y peón auxiliar de bombero y los incluye en la categoría profesional de Bombero.

La ley regula los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento (bomberos) en Euskadi. Establece sus funciones, organización, personal y régimen estatutario, y crea una comisión de coordinación entre administraciones.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

Regula las horas extraordinarias del personal del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia. Modifica la Ley de la Función Pública regional para concretar en qué casos el personal técnico-operativo (bomberos conductores y cabos bomberos) puede hacer horas extraordinarias.

Modifica varias normas reglamentarias sobre seguridad marítima para adaptarlas a la normativa europea y a cambios técnicos. Afecta a buques de pasaje, equipos marinos, flota civil, pesquera y de recreo, y a la función inspectora de la Administración marítima.

Modifica la Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra para tipificar como infracción determinadas conductas de acoso y para describir los elementos que integran la uniformidad del cuerpo. También suspende la vigencia de los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria séptima de la Ley del ejercicio de las profesiones del deporte.

Regula y coordina los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Cantabria. Establece sus funciones, competencias de las administraciones, coordinación, organización territorial, formación, acceso y condiciones laborales del personal, derechos y deberes, régimen disciplinario y financiación.

Establece una norma común para el mantenimiento, la inspección, las pruebas de funcionamiento, la revisión y la reparación de botes salvavidas, botes de rescate, dispositivos de puesta a flote y aparejos de suelta de los buques. Se aplica a partir del 1 de enero de 2020, cuando entran en vigor las enmiendas al Convenio SOLAS.

Establece una nueva cualificación profesional de la familia Seguridad y Medio Ambiente y la incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. También modifica varios reales decretos anteriores de cualificaciones profesionales.

Actualiza varias cualificaciones profesionales de la familia Marítimo-Pesquera incluidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y modifica parcialmente otras de las familias Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambiente. Con ello se revisan los contenidos de estas cualificaciones y su formación asociada.

Establece medidas urgentes en el ámbito del deporte en Cataluña durante el estado de alarma por la COVID-19. Suspende el régimen sancionador de la Ley 3/2008 para los profesionales de salvamento y socorrismo acuático, y regula el funcionamiento de los órganos colegiados de las entidades deportivas.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.