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Establece medidas tributarias para las víctimas de la DANA de octubre y noviembre de 2024 y para las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica. Declara exentas del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades determinadas ayudas y cantidades recibidas. También fija medidas de endeudamiento y gasto para administraciones territoriales.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Real Decreto-ley 4/2024 prorroga medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. Incluye medidas fiscales, energéticas, de transporte y sociales, como descuentos en el bono social eléctrico y apoyo al transporte público.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2022, con la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, tasas, operaciones de crédito y relaciones con entes instrumentales y entidades locales.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2021: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los entes dependientes. Incluye normas sobre personal público, pensiones, deuda pública, tributos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Amplía dos meses el plazo para ejecutar los fondos de cuatro programas de Formación Profesional destinados a las comunidades autónomas, una vez termine el estado de alarma por el COVID-19. Añade tres meses más para justificar el uso de esos fondos.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.