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Modifica la Ley de educación de Cataluña para regular los equipamientos escolares, la financiación del primer ciclo de educación infantil y la estabilidad financiera de programas de formación e inserción. Se aprueba como decreto-ley por la urgencia de las necesidades educativas y la prórroga presupuestaria.

Modifica dos decretos-ley anteriores de Cataluña para ajustar medidas sociales y de empleo frente a la COVID-19. Actualiza el coste de referencia y el copago de servicios sociales para personas mayores, con discapacidad y otros colectivos, y cambia normas de empleo y fomento económico.

Establece ayudas económicas para personas trabajadoras autónomas y microempresas afectadas por la COVID-19, para el sector cultural y para los precios de los servicios sociales. También modifica el Decreto ley 25/2020 en materia social y fiscal.

Establece medidas presupuestarias para aplicar el plan de contingencia en residencias y centros de día de personas mayores y personas con discapacidad, con el fin de prevenir brotes de COVID-19. También mantiene vigentes normas sobre infancia y adolescencia y modifica un decreto-ley anterior en materia social.

Establece subvenciones para crear empleo en el trabajo domiciliario de cuidados y para programas de apoyo contra la exclusión social agravada por la COVID-19. También incluye medidas fiscales sobre el canon del agua y medidas administrativas para el sector público catalán.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para paliar los efectos sociales del COVID-19. Regula el mantenimiento de los servicios sociales básicos y los conciertos sociales, la gestión de la renta social garantizada, la selección de personal temporal para servicios esenciales, las ayudas al alquiler de vivienda y el fomento de la investigación sanitaria.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece medidas para asegurar que las personas usuarias de servicios sociales vuelvan a recibir las prestaciones reconocidas cuando la situación sanitaria lo permita, regula al personal residente sanitario y fija reglas excepcionales para las cooperativas catalanas durante la pandemia.

Modifica el Decreto-ley 7/2020 de Cataluña para adaptar las medidas sobre contratación pública a la normativa estatal aprobada por el COVID-19. También añade medidas excepcionales en subvenciones y ayudas, medidas para entidades públicas y medidas tributarias.