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Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Actualiza los anexos I y II del Real Decreto 664/1997, que regula la protección de los trabajadores frente a agentes biológicos en el trabajo. La actualización adapta la clasificación de estos agentes al progreso técnico y a la normativa europea.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Establece medidas urgentes para apoyar al turismo, la hostelería y el comercio. Incluye ayudas para el pago de alquileres de locales de negocio, medidas laborales y de Seguridad Social, y beneficios fiscales para empresas y autónomos.

Actualiza los anexos del Real Decreto 664/1997 sobre protección de trabajadores frente a agentes biológicos, para adaptarlo al progreso técnico y a la normativa europea. Incluye en la clasificación nuevos agentes biológicos, como el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2.

Modifica el régimen transitorio para cobrar determinadas prestaciones sociales de las Illes Balears, cambia el régimen sancionador por incumplir normas de la COVID-19 y ajusta las exigencias de personal en las residencias de personas mayores.

Deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo previsto en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores. Modifica ese texto refundido para eliminar esa causa de extinción del contrato.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

Establece medidas laborales complementarias para paliar los efectos del COVID-19. Mantiene la actividad de centros sanitarios y de atención a mayores, protege el empleo y regula los ERTE y los contratos temporales durante el estado de alarma.

Modifica de forma temporal los criterios comunes de acreditación de centros y servicios de atención a la dependencia. Permite que, si faltan profesionales titulados en la zona, otras personas con titulación distinta o con experiencia en cuidados puedan cubrir esos puestos. El régimen excepcional dura inicialmente tres meses y puede prorrogarse.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.

Amplía cuatro años, hasta mayo de 2024, la suspensión de los desalojos de vivienda habitual para personas en situación de especial vulnerabilidad. También modifica la ley de reestructuración de entidades de crédito y adopta medidas de protección de la salud pública.