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Regula cómo se acredita la competencia digital del profesorado en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Establece la convocatoria, los requisitos, la presentación de solicitudes, las comisiones de valoración y las listas de personas acreditadas. También fija las modalidades de acreditación por niveles y un registro de la acreditación.

Modifica la norma que regula las listas de aspirantes a cubrir plazas docentes en régimen de interinidad en Ceuta y Melilla. Adapta esa regulación a los cambios en los cuerpos docentes de Formación Profesional introducidos por las leyes orgánicas 3/2020 y 3/2022.

Modifica la estructura del Ministerio de Educación y Formación Profesional para crear el Centro de Innovación y Tecnificación de Alto Rendimiento de la Formación Profesional (CITAR), adscrito a la Secretaría General de Formación Profesional. El centro se ocupa de la innovación, la investigación aplicada y la detección de necesidades formativas del sistema productivo.

Reorganiza los ministerios del Gobierno. Crea el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Política Territorial, y suprime el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Fija la lista de 22 departamentos ministeriales.

El Tribunal Constitucional resuelve un conflicto de competencias planteado por la Junta de Andalucía contra un artículo del Real Decreto 498/2020, que atribuía al Ministerio de Educación funciones sobre convocatorias autonómicas de formación profesional para el empleo. La sentencia anula ese inciso por invadir competencias autonómicas de ejecución en materia laboral.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto positivo de competencia presentado por el Consejo de Gobierno de Andalucía contra el artículo 5.3, letra a) del Real Decreto 498/2020, que desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Amplía dos meses el plazo para ejecutar los fondos de cuatro programas de Formación Profesional destinados a las comunidades autónomas, una vez termine el estado de alarma por el COVID-19. Añade tres meses más para justificar el uso de esos fondos.

Establece la organización interna del Ministerio de Educación y Formación Profesional: sus órganos superiores y directivos, como la Secretaría de Estado de Educación, la Secretaría General de Formación Profesional y la Subsecretaría, y reparte sus funciones.

Reorganiza la Administración General del Estado y fija los 22 ministerios que la componen, con sus competencias y sus órganos superiores, como secretarías de Estado.