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La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

La ley regula las políticas de juventud en las Illes Balears: fija los derechos y deberes de las personas jóvenes, reparte competencias entre el Gobierno autonómico, los consejos insulares y los ayuntamientos, y ordena ámbitos como educación, empleo, vivienda, salud y deporte. También crea instrumentos de planificación, participación juvenil y un régimen sancionador.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Establece medidas urgentes para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Modifica la Ley 3/2007 de función pública para adaptarla a la normativa estatal sobre estabilización del empleo temporal.

Modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Permite, de forma excepcional y mientras dure la pandemia de COVID-19, que personas sin las titulaciones exigidas trabajen en esos servicios si tienen experiencia en el cuidado de personas dependientes.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

El Consejo de Ministros aprueba el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, que ordena las medidas para prevenir estas prácticas, proteger y reparar a las víctimas y reforzar la cooperación internacional. La resolución da publicidad al acuerdo en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Fija los órganos superiores y directivos del departamento y sus funciones, y modifica la estructura orgánica básica de otros departamentos ministeriales.

Establece medidas para agilizar los trámites administrativos y organizar la planificación, gestión y control de los fondos europeos Next Generation EU en Canarias. También fija medidas tributarias en el Impuesto General Indirecto Canario para luchar contra la COVID-19.

Modifica dos reales decretos sobre clasificación de canales de porcino, vacuno y ovino. Ajusta aspectos técnicos del marcado y etiquetado, la presentación de referencia y los factores de corrección del peso, y la comunicación de precios de mercado.

Publica un acuerdo que modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El cambio afecta a las titulaciones y cualificaciones exigidas al personal que trabaja en ese sistema.

Establece un régimen excepcional y temporal para que las cooperativas valencianas puedan celebrar sus asambleas y reuniones de órganos sociales y adoptar acuerdos válidos pese a las limitaciones de la COVID-19. Regula asambleas ordinarias y extraordinarias, consejos rectores, depósito de cuentas y mandatos de cargos.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y fija sus órganos superiores y directivos, como la Secretaría de Estado de Hacienda, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la Subsecretaría y la Intervención General. También modifica otros reales decretos para adaptar sus estructuras.

Regula la participación institucional y el diálogo social permanente de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Incluye además medidas sobre contratación pública, subvenciones, entidades del sector público y materia tributaria.