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Concede una subvención directa al Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera para financiar actividades formativas en el «Espacio Valdeavellano». La subvención cubre gastos de funcionamiento de esas actividades, en colaboración con el INAP.

Regula la concesión directa de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo para el ejercicio presupuestario 2026. Fija las entidades beneficiarias, las actuaciones y gastos subvencionables, las cuantías, el pago, la justificación y los reintegros.

Desarrolla medidas para coordinar la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales entre administraciones. Establece una calificación común de las unidades de extinción, un protocolo de coordinación de medios aéreos, indicativos de radio únicos, simbología común en mapas y condiciones mínimas de seguridad del personal.

Regula la concesión directa de subvenciones a los Centros de Referencia Nacional (CRN) de formación profesional para financiar sus acciones del plan de trabajo anual 2025. Fija las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, los plazos, las cuantías y el procedimiento de solicitud, pago y justificación.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones para inversiones en bioseguridad en centros de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado y en viveros. Amplía los plazos para conceder las subvenciones y para iniciar las inversiones.

Regula la lucha contra el dopaje en el deporte en España. Establece controles, obligaciones de los deportistas, un régimen de infracciones y sanciones, y la organización administrativa mediante la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Establece las bases para conceder subvenciones a inversiones en bioseguridad: mejora o construcción de centros de limpieza y desinfección de vehículos que transportan ganado, y mejoras en instalaciones de productores de materiales vegetales de reproducción. Se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y abarca convocatorias de 2021, 2022 y 2023.

Sustituye el Reglamento de equipos a presión de 2008 y aprueba siete instrucciones técnicas complementarias (EP-1 a EP-7). Regula la instalación, puesta en servicio, inspecciones periódicas, reparaciones y modificaciones de equipos a presión, como calderas, botellas y recipientes.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Crea una línea de ayudas directas para autónomos y empresas afectadas por la COVID-19, una línea para reestructurar deuda financiera con aval público y un fondo de recapitalización de empresas. También amplía plazos de préstamos avalados y modifica varias normas.

Prorroga el estado de alarma declarado para frenar los contagios de SARS-CoV-2 y fija su nueva duración. Mantiene medidas como limitar la circulación nocturna, restringir entradas y salidas entre territorios y limitar grupos de personas.

Desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y fija sus órganos superiores y directivos, como la Secretaría de Estado de Hacienda, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, la Subsecretaría y la Intervención General. También modifica otros reales decretos para adaptar sus estructuras.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios del Estado para ejecutar la legislación laboral sobre ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por despidos colectivos.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.