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Modifica la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha para permitir que los puestos de trabajo no singularizados de personal funcionario se cubran de forma definitiva mediante un concurso permanente, con una convocatoria única. También suprime el apartado 11 del artículo 68.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de vivienda protegida, transporte, medios audiovisuales, servicios sociales, violencia de género, productos sanitarios, despoblación y hacienda. También cambia normas tributarias, con una nueva deducción por residencia habitual en zonas rurales.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

Modifica la Ley 10/1999 de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha para adaptarla a la normativa básica estatal sobre colegiación y a la sentencia del Tribunal Constitucional 69/2017. Cambia, entre otros, el artículo 6 sobre quién puede ser admitido en un colegio profesional.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

La ley aprueba medidas administrativas y tributarias de Castilla-La Mancha vinculadas a los presupuestos de 2020. Modifica la Ley 22/2002 del Instituto de la Mujer y la Ley 8/2013 de medidas tributarias, y regula aspectos de personal y organización de la Administración regional.

La ley establece el marco para impulsar la economía circular en Castilla-La Mancha: un modelo que aprovecha al máximo productos, materiales y recursos y genera el mínimo de residuos. Define principios, objetivos, líneas de actuación, una estrategia regional, los actores implicados y una comisión de coordinación.