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Regula cómo se evalúan las tecnologías sanitarias (medicamentos, productos sanitarios, pruebas diagnósticas, procedimientos y terapias) para informar decisiones sobre su incorporación, financiación, precio o retirada. Crea un sistema con un Consejo de Gobernanza y oficinas de evaluación, y fija el contenido clínico y no clínico de las evaluaciones.

Actualiza los estándares de competencias profesionales de trece familias profesionales recogidos en el Catálogo Nacional de Estándares de Competencias Profesionales. Estos estándares sirven para diseñar y actualizar las ofertas de formación profesional y para reconocer y acreditar competencias.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

La ley regula la protección de la salud de las personas menores de edad y la prevención de conductas adictivas en Galicia. Establece medidas de promoción de la salud, prevención y control de la oferta de alcohol, tabaco, cannabis, bebidas energéticas y adicciones sin sustancia, con un régimen de inspección y sanciones.

Establece las condiciones que deben cumplir los centros de formación y el procedimiento para homologar centros privados que impartan formación sanitaria específica a trabajadores del mar. Regula los tipos de cursos, las certificaciones, las actas y las modalidades de homologación (estable e itinerante).

El Instituto Social de la Marina podrá impartir cursos de formación sanitaria específica inicial y avanzada para trabajadores del mar en modalidad semipresencial. La parte teórica se hace en línea y la práctica en los centros del Instituto. Regula cómo solicitarlo, los plazos y los requisitos para completarlo.

Fija los contenidos mínimos de los cursos de formación sanitaria para las personas que trabajan en el mar y las condiciones para expedir y homologar el certificado correspondiente. Regula qué personas deben tener ese certificado, qué requisitos deben cumplir los centros y el profesorado, y cómo se registran y actualizan los certificados.