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Establece las bases reguladoras de las ayudas del «Programa Reina Letizia para la Inclusión», dirigidas a personas con discapacidad. El programa busca mejorar sus condiciones formativas y profesionales y su acceso al mercado laboral. Regula requisitos, solicitudes, cuantías, pago y justificación de las ayudas.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Publica un acuerdo del Consejo Territorial que fija criterios comunes de acreditación y calidad para los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Abarca residencias, centros de día, ayuda a domicilio y teleasistencia, e incluye criterios sobre empleo, formación del personal y derechos de las personas atendidas.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades para proyectos de innovación tecnológica, investigación y divulgación científica sobre accesibilidad universal. También financia la creación de un centro español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materia de tasas y tributos propios, y en normas administrativas sobre violencia de género, discapacidad, economía circular, investigación, seguros agrarios, policía local y urbanismo. Acompaña a los presupuestos de 2022 de la comunidad.

Modifica la norma que regula la enseñanza básica para personas adultas. Establece que cada año se convoque al menos una prueba para obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria para mayores de 18 años, con tres ejercicios. Añade que las pruebas se adapten a las personas con discapacidad.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. Ordena su publicación para general conocimiento.

Regula la atención temprana en la Región de Murcia: el conjunto de actuaciones dirigidas a menores con alteraciones en su desarrollo o riesgo de tenerlas. Ordena la coordinación entre servicios sociales, sanitarios y educativos, y fija el procedimiento para reconocer, revisar y extinguir el derecho a estos servicios.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Esta ley aumenta un 3,25 % el importe de las plazas en los conciertos sociales para personas con discapacidad en la Región de Murcia. El incremento se aplica con efectos desde el 1 de enero de 2021.

Regula de forma conjunta los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo. Reúne y actualiza normas antes dispersas sobre estos programas y fija sus contenidos esenciales, la financiación, la gestión, la evaluación y los distintos tipos de programas.

Establece qué se entiende por persona con capacidad intelectual límite a efectos laborales y regula medidas de acción positiva para facilitar su acceso al empleo. Modifica varias normas para aplicar estas medidas a este colectivo.