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Establece un marco de cooperación entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España y el Ayuntamiento de Tallin para poner en marcha un programa de doble titulación de bachillerato estonio-español. Incluye un proyecto piloto en el Gymnasium Mustamäe de Tallin, formación del profesorado e intercambios educativos.

Concede una subvención directa al Ayuntamiento de Valdeavellano de Tera para financiar actividades formativas en el «Espacio Valdeavellano». La subvención se destina a los gastos de funcionamiento de esas actividades, en el marco de la colaboración del INAP con otras administraciones para formar a empleados públicos.

Establece las bases para conceder ayudas a ayuntamientos de la Red Innpulso para financiar la incorporación o el mantenimiento de agentes locales de innovación. Además, aprueba la convocatoria de estas ayudas para el año 2024.

Modifica la Ley del juego y las apuestas de las Illes Balears y el Reglamento de casinos. También cambia otras normas sobre prestaciones sociales, presupuestos, proyectos industriales, educación y reconocimiento de discapacidad y dependencia.

Modifica la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha. Cambia la composición de la Comisión de Coordinación para incluir representantes de las jefaturas de los cuerpos y fija un número mínimo de efectivos, entre otros ajustes.

Autoriza al Gobierno Vasco a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para integrar el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela en la red de centros públicos de enseñanza dependiente del Departamento de Educación.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre los apartados 2 a 5 de la disposición adicional trigésima de la Ley de educación de Cataluña, que fijan la financiación de las guarderías municipales. La sentencia se apoya en la doctrina de la STC 159/2021 sobre esa misma financiación.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional trigésima de la Ley de Educación de Cataluña, que fija la financiación de las guarderías municipales. La sentencia analiza si esa norma respeta la Constitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios apartados de la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, en la redacción dada por la Ley 5/2020. La cuestión la plantea la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la asigna a la Sala Primera.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios apartados de la disposición adicional trigésima de la Ley de Educación de Cataluña, redactados por la Ley 5/2020. Se cuestiona si vulneran varios artículos de la Constitución.

Establece la garantía de las escuelas infantiles de titularidad municipal que imparten el primer ciclo de educación infantil (0 a 3 años) en Canarias. Regula el uso del Fondo Canario de Financiación Municipal para sostener estos centros.

Establece subvenciones extraordinarias para entidades locales de Cataluña con el fin de financiar proyectos de empleo y fomento de la actividad económica en territorios afectados por confinamientos más severos durante la COVID-19. Regula las actuaciones subvencionables, los requisitos de las entidades beneficiarias, las cuantías y el procedimiento de concesión.

La ley establece medidas para mejorar las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos andaluces no universitarios. Regula auditorías energéticas, planificación de medidas correctoras, financiación, formación en gestión energética y una guía técnica para la rehabilitación bioclimática y el uso de energías renovables.

Establece medidas urgentes en educación en Extremadura para hacer frente a los efectos del COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos administrativos educativos, el proceso de admisión de alumnado, los conciertos educativos y las subvenciones a escuelas infantiles.