Buscar en el BOE

Crea el Certificado profesional en Habilitación para la docencia en grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional, de la familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad. Fija su currículo y las ofertas de grados B y A incluidas en él.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026. Fija los gastos e ingresos de la Administración general, organismos autónomos, entes públicos, sociedades, fundaciones y consorcios, y regula las retribuciones del personal y las aportaciones de las diputaciones forales.

Actualiza normas sobre la formación programada en las empresas y sobre subvenciones en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo. Mantiene la concesión directa de subvenciones a corporaciones locales por contratar personas desempleadas en proyectos de garantía de rentas del Programa de Fomento del Empleo Agrario y la suprime para las destinadas a generar empleo estable. Extiende ese régimen a una nueva ayuda por asistencia diaria a acciones formativas de determinados colectivos desempleados.

Desarrolla el régimen del contrato formativo previsto en el Estatuto de los Trabajadores. Regula sus dos modalidades: el contrato de formación en alternancia, que combina trabajo retribuido con formación, y el contrato para la obtención de práctica profesional tras terminar los estudios. Fija duración, jornada, retribución, tutorización y plan formativo.

Regula la concesión directa de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal para 2025 en el ámbito del empleo y la formación en el trabajo. Fija el procedimiento, las entidades beneficiarias, las actuaciones financiables, las cuantías y la justificación y reintegro de las ayudas.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta Estado-Comunidad de Castilla y León para ampliar los medios patrimoniales (bienes) adscritos a los servicios de empleo y formación que se traspasaron a esa comunidad en 2001. El real decreto fija la efectividad de esa ampliación y su entrada en vigor.

Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2025. Incluye cambios en impuestos cedidos, un impuesto sobre estancias turísticas y modificaciones en telecomunicaciones, energía eólica, medio ambiente, vivienda, sanidad y empleo público, entre otras áreas.

Establece el marco para simplificar los trámites y procedimientos de la Administración de la Comunitat Valenciana. Crea órganos y planes de simplificación, regula el Canal Empresa, la carpeta ciudadana y el uso de nuevas tecnologías, y modifica normas en muchas materias.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece medidas urgentes para la formación en el trabajo de las personas afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024. Regula la suspensión e interrupción de actividades formativas, un crédito adicional de formación y la ampliación de plazos para ejecutar programas formativos.

Modifica el Real Decreto 818/2021, que regula los programas comunes de activación para el empleo. Añade la indemnización por residencia y su cotización a las subvenciones de costes salariales, incorpora el término TándEM a los programas experienciales e integra los programas «Primera experiencia profesional en las administraciones públicas» e «Investigo».

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Concede una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar su plan de formación para el empleo del personal de la Administración local. La norma fija la entidad beneficiaria, el importe, el pago, las obligaciones y la forma de justificar el gasto.

Establece las bases reguladoras para conceder subvenciones a actividades de promoción de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas, y para sufragar gastos de funcionamiento de entes representativos de la economía social de ámbito estatal.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. La sentencia declara constitucionales los preceptos impugnados relativos a la perspectiva de género, el acceso al empleo y la vivienda, la financiación de centros educativos y los ilícitos administrativos.