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Adapta la normativa nacional al Plan Estratégico de la PAC de España 2023-2027, tras la modificación aprobada por la Comisión Europea en agosto de 2025. Modifica varios reales decretos sobre la aplicación de las ayudas agrícolas y corrige erratas e imprecisiones detectadas.

Modifica varios reales decretos que regulan los fondos y programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, la Intervención Sectorial Vitivinícola y la Intervención Sectorial Apícola. Adapta estas normas al Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) de España para 2023-2027 y a su modificación aprobada en 2024.

Crea el Órgano de coordinación del Sistema de Conocimiento e Innovación en Agricultura (SCIA), adscrito al Ministerio de Agricultura, y fija su composición, funciones y forma de funcionamiento. También modifica dos reales decretos anteriores para encajar este órgano en la gobernanza del Plan Estratégico de la PAC.

Modifica varios reales decretos que aplican en España la Política Agrícola Común (PAC) del periodo 2023-2027. Ajusta normas sobre derechos de ayuda básica a la renta, pastos permanentes y otras obligaciones, tras el primer año de aplicación del Plan Estratégico Nacional.

Establece las bases para conceder una ayuda directa y excepcional a productores agrarios de sectores afectados por el aumento de costes y las alteraciones de mercado causadas por la guerra en Ucrania. Regula quiénes pueden recibirla, qué animales y hectáreas son subvencionables, las cuantías y el procedimiento de pago y control.

Modifica el Real Decreto 1363/2018, que regula las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español. Cambia la fecha límite del 15 de agosto al 15 de septiembre para disponer de datos de disponibilidades y estimaciones más ajustados y adapta varias disposiciones adicionales a la normativa europea sobre el sector.

Modifica el Real Decreto 92/2018 para que los intereses generados por las cuentas donde se ingresan los fondos anticipados a los organismos pagadores de las comunidades autónomas se liquiden al Tesoro Público una vez al año, en lugar de cada trimestre. La liquidación anual abarca del 1 de enero al 31 de diciembre.

Modifica varias normas sobre frutas y hortalizas y sobre el sector del vino para adaptarlas a la situación del estado de alarma por la COVID-19. Ajusta controles, plazos y ayudas de acuerdo con reglamentos europeos excepcionales para 2020.