Buscar en el BOE

Aprueba enmiendas al Convenio del Fondo Monetario Internacional: aumentos de cuotas de los países miembros y un Directorio Ejecutivo formado solo por directores electivos. Fija plazos de aceptación y pago y pide revisar la fórmula de cuotas.

Regula cómo participan las organizaciones sindicales y empresariales más representativas de Andalucía en los órganos públicos y en los espacios de diálogo social. Establece criterios de representatividad, derechos y deberes, y una compensación económica por esa participación.

Modifica el Reglamento interno del Consejo Económico y Social para fijar cómo se compone el Grupo Segundo: veinte consejeros designados por las organizaciones empresariales más representativas, en proporción a su representatividad.

Aprueba una enmienda al Convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional para aumentar los votos básicos de los países miembros y permitir que algunos directores ejecutivos nombren un segundo suplente. También prevé subidas de cuota para los países que las solicitaron.

Establece el procedimiento para renovar las vocalías de las organizaciones sindicales y empresariales en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuando cambia la composición de los grupos de representación. Regula el inicio del procedimiento, el cese y nombramiento con acuerdo, el nombramiento sin acuerdo y un sorteo público.

Establece la representación paritaria y la presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos constitucionales, el Gobierno, el sector público, colegios profesionales, sindicatos, empresas, fundaciones y otros ámbitos. Modifica varias leyes para aplicar este criterio, incluida la ley electoral y la del Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Real Decreto-ley 4/2018, que fijó un régimen urgente para elegir al consejo de administración y al presidente de RTVE. La sentencia analiza si esa norma respetó los límites de los decretos-leyes y concluye sobre los motivos planteados.

La ley regula la atención a las personas con discapacidad en Navarra y la garantía de sus derechos. Aborda la no discriminación, la autonomía personal, la salud, los servicios sociales, la educación inclusiva, el empleo, la accesibilidad y la participación. También crea un régimen sancionador.

Modifica la Orden HAC/1398/2003, que regula la colaboración social en la gestión de los tributos. Amplía esa colaboración a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.

Regula cómo se reconocen las organizaciones de productores y sus asociaciones en determinados sectores ganaderos, y fija las condiciones para que puedan negociar contratos en nombre de sus miembros. También crea un registro nacional y regula el control y las sanciones.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso contra el Real Decreto-ley 4/2018, que fijó un régimen urgente para elegir al consejo de administración y al presidente de RTVE. La sentencia anula los preceptos que detallaban la regulación existente y permitían que el Congreso sustituyera al Senado en esa elección.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia. El recurso lo presentan cincuenta diputados y pide anular la ley entera o, si no, varios artículos y disposiciones concretos.

Modifica el modelo de solicitud para presentarse a las pruebas de aptitud para ser representante aduanero y el modelo de autoliquidación de la tasa de examen. Sustituye el anexo de la resolución de 2016 para adaptarlo a la normativa de protección de datos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, sobre trabajo a distancia, y ordena su publicación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.

Regula la participación institucional y el diálogo social permanente de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña. Incluye además medidas sobre contratación pública, subvenciones, entidades del sector público y materia tributaria.