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Crea en el Ministerio de Justicia el Registro Central de Titularidades Reales, único para todo el país, y aprueba su reglamento. El registro reúne datos sobre quién es el titular real de las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica españolas, y regula quién puede acceder a esa información y cómo.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Modifica la estructura orgánica de los ministerios de Justicia, para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Defensa. Reorganiza órganos y unidades, suprime algunos y adapta el Servicio Jurídico del Estado.

Reorganiza los ministerios del Gobierno. Crea el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Política Territorial, y suprime el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Fija la lista de 22 departamentos ministeriales.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptarla al nuevo Registro Civil único, informatizado y electrónico, y cambia el Código Penal para completar la trasposición de una directiva europea contra el blanqueo de capitales. Los letrados de la Administración de Justicia en servicio activo serán los encargados del Registro Civil.

Aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que sustituye al de 2003. Regula las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento para reconocer el derecho, la organización de abogados y procuradores de oficio y la subvención del servicio.

Crea la Junta de Contratación y la Mesa de Contratación del Ministerio de Justicia y regula su composición y funciones. Sustituye a los órganos creados por una orden anterior de 2015 para adaptarlos a la Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

Reorganiza la Administración General del Estado y fija los 22 ministerios que la componen, con sus competencias y sus órganos superiores, como secretarías de Estado.