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La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Modifica la normativa del juego online para crear un sistema de límites de depósito conjuntos por jugador, que se aplica al conjunto de operadores y no a cada uno por separado. También ajusta el Real Decreto 176/2023 sobre entornos más seguros de juego.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 9/2026, de 14 de abril, sobre medidas urgentes en materia de transporte. La convalidación se acuerda conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Establece medidas urgentes para el transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril ante la subida de costes energéticos. Incluye ayudas directas a empresas ferroviarias y modifica la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías y la Orden FOM/1882/2012.

Modifica la Ley 18/2017 de comercio, servicios y ferias y el Decreto-ley 1/2009 de equipamientos comerciales de Cataluña. Actualiza la regulación de la actividad comercial, los establecimientos y la planificación territorial de los equipamientos comerciales.

La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

Aprueba las tarifas que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda cobrará por elaborar licencias y copias comunitarias de transporte, certificados de transporte y tarjetas de transporte para las administraciones públicas. Las tarifas se aplican por millar de documentos y no incluyen IVA.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Establece órganos de gobernanza (Comisión, Unidad y Oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas.

Regula el uso turístico de viviendas en Canarias: define qué es una vivienda de uso turístico, cómo encaja en el planeamiento urbanístico y qué declaración responsable debe presentarse para ejercer la actividad. Establece límites temporales a esa declaración y reglas de control e inspección.

La ley regula los proyectos residenciales estratégicos en las Illes Balears: qué son, qué requisitos deben cumplir y cómo se aprueban. Su objetivo es obtener suelo para construir vivienda y agilizar los trámites urbanísticos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 4.2, segundo párrafo, del Decreto-ley catalán 4/2019, que regula el alquiler de vehículos con conductor. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del recurso se personen.

Establece un sistema de colaboración con colegios profesionales y otras entidades para que emitan informes técnicos que agilicen la tramitación de licencias urbanísticas. También modifica varias leyes de suelo, vivienda y cooperativas para impulsar la construcción de viviendas en Canarias.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios preceptos del Decreto-ley catalán 3/2023, que somete el uso turístico de viviendas a licencia previa y a la previsión en el planeamiento urbanístico en determinados municipios. La sentencia examina si concurre el presupuesto de urgencia y si se respetan los límites materiales de los decretos-leyes.