Buscar en el BOE

Fija los precios públicos que cobra el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo por servicios relacionados con equipos de protección individual, como ensayos y certificación. Regula cómo se solicitan, cuándo se deben pagar, sus cuantías, reducciones y forma de pago.

Modifica el Real Decreto 773/1997 para adaptar sus anexos a la Directiva (UE) 2019/1832. Actualiza la terminología y la clasificación de riesgos de los equipos de protección individual para que coincidan con el Reglamento (UE) 2016/425.

Establece medidas para prevenir, contener y coordinar la respuesta a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones en centros de trabajo, sanitarios, docentes, comercios, hostelería, cultura y deporte, el transporte público, los medicamentos y productos sanitarios, la detección precoz y vigilancia epidemiológica, y un régimen sancionador.

Modifica la Orden de 1991 sobre precios públicos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Excluye del pago previo las solicitudes de ensayo de equipos de protección individual que hagan las autoridades sanitarias y de vigilancia del mercado, y da prioridad a los servicios solicitados por las administraciones públicas durante la crisis sanitaria de la COVID-19.

Fija hasta cuándo se pueden recibir y vender equipos de protección individual (EPI) acogidos a las autorizaciones temporales de la Resolución de 23 de abril de 2020. También aclara que esos productos ya comprados se pueden seguir usando, aunque no se puedan vender a terceros.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece las bases para convocar ayudas a entidades que inviertan en fabricar dispositivos médicos, equipos de protección personal y otros productos considerados de emergencia por el COVID-19 durante 2020. Regula quién puede recibirlas, qué gastos se financian, cómo se solicita y se justifica el dinero.

Establece los supuestos para aceptar equipos de protección individual (EPI) sin el marcado CE reglamentario durante la crisis del COVID-19. Permite la compra pública de estos equipos para personal sanitario y autoriza temporalmente su comercialización si ofrecen un nivel adecuado de protección.

Establece medidas especiales para fabricar y usar productos sanitarios necesarios frente al COVID-19. Permite licencias excepcionales de funcionamiento de instalaciones y autorizaciones para usar productos sin marcado CE. La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios valora cada caso.