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Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Modifica las bases de las ayudas a la inversión en instalaciones eólicas y fotovoltaicas en territorios no peninsulares cofinanciadas con fondos FEDER. El pago de la ayuda se hará cuando la instalación esté totalmente finalizada en plazo y emitida la certificación provisional, no al certificarse definitivamente.

Permite que los proyectos de energía eólica y solar fotovoltaica en Castilla-La Mancha puedan acogerse, si lo pide el promotor, a un procedimiento más rápido para determinar sus efectos sobre el medio ambiente. También modifica varias leyes autonómicas para ajustar aspectos competenciales.

Establece medidas urgentes en Cataluña para paliar los efectos del conflicto de Ucrania, como agilizar proyectos de energías renovables y flexibilizar plantas solares en suelo agrícola y forestal. También actualiza medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 en sanidad, servicios sociales y vivienda.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.

Establece las garantías financieras que deben constituir las empresas que tratan residuos y los sistemas de responsabilidad ampliada. Regula cómo se formalizan la fianza y el seguro de responsabilidad civil, su importe, vigencia, cancelación y ejecución.

Regula cómo se pide y se obtiene el permiso para usar y conectarse a las redes de transporte y distribución de electricidad. Establece los procedimientos, los plazos, las garantías económicas y las causas de caducidad de esos permisos.