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Modifica la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud para regular el programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas, conocido como «prueba del talón». Establece el procedimiento y los requisitos de evaluación del programa, la capacitación de los profesionales sanitarios en enfermedades raras y su financiación.

Regula cómo se organizan y ejecutan los controles oficiales sobre la cadena agroalimentaria en España, para aplicar la normativa europea sobre alimentos, piensos, sanidad animal y vegetal. Incluye la toma de muestras, los análisis de laboratorio y las actuaciones ante riesgos o incumplimientos.

Fija los precios públicos que cobra la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte por tomar muestras de control de dopaje, en competición y fuera de ella. Incluye controles de orina, de sangre y fallidos, y las condiciones de pago.

Modifica dos reales decretos sobre aguas envasadas para adaptarlos a la Directiva (UE) 2020/2184. Actualiza los parámetros químicos de control de las aguas de manantial y de las aguas preparadas envasadas para consumo humano.

Establece los criterios técnicos y sanitarios que debe cumplir el agua de consumo, su control y su suministro, desde la captación hasta el grifo. Regula la calidad del agua, la vigilancia sanitaria, la evaluación de riesgos y la información al público.

Establece requisitos de higiene para producir y vender alimentos en comercios al por menor, como temperaturas, congelación, comidas preparadas, carnes, pescado, huevo y donación de alimentos. También regula adaptaciones de higiene, controles oficiales y sanciones.

Establece las normas básicas para el registro de los agentes del sector lácteo, el registro de los movimientos de la leche y los controles higiénico-sanitarios en la producción primaria y hasta la primera descarga. Regula la base de datos Letra Q y los controles oficiales.

Establece los requisitos sanitarios para prevenir y controlar la legionelosis en instalaciones que usan agua y producen aerosoles. Regula el diseño y mantenimiento de estas instalaciones, los planes de control, el muestreo del agua, los tratamientos y la formación del personal.

Establece las medidas de control sanitario para las personas que entran en España por los puestos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla. Exige disponer de certificado de vacunación, prueba diagnóstica o certificado de recuperación de la COVID-19.

Modifica los anexos I, II, III y VI del Real Decreto 506/2013, que regula los productos fertilizantes. Adapta la norma nacional al Reglamento (UE) 2019/1009, que se aplica desde el 16 de julio de 2022 y sustituye al Reglamento (CE) 2003/2003 sobre abonos.

Fija en 2,94 euros por unidad el precio máximo de venta al público de los test de antígenos de SARS-CoV-2 de autodiagnóstico. El importe es final, con IVA o IGIC incluido, y también se aplica a tests de uso profesional autorizados para autodiagnóstico en farmacias. El acuerdo produce efectos desde el día siguiente a su publicación.

Regula la lucha contra el dopaje en el deporte en España. Establece controles, obligaciones de los deportistas, un régimen de infracciones y sanciones, y la organización administrativa mediante la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte.

Modifica el Reglamento de la Planificación Hidrológica para actualizar el contenido y la tramitación de los planes hidrológicos de cuenca y de los planes especiales de sequía. Regula cómo se publican y notifican esos planes y cómo se elaboran, aprueban, siguen y actualizan los planes de sequía y los de emergencia para abastecimiento.

Modifica la Ley de salud pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a incumplimientos de las normas dictadas durante la crisis de la COVID-19. Crea la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears y regula su estructura, economía y personal.

Establece el sistema de información por el que los laboratorios y centros sanitarios deben enviar diariamente a las comunidades autónomas los datos de las pruebas diagnósticas de COVID-19, y estas al Ministerio de Sanidad. La información se usa para la vigilancia epidemiológica y para emitir certificados de pruebas y de recuperación.

Modifica la norma que regula los productos sanitarios de diagnóstico «in vitro» para permitir la venta al público sin receta de las pruebas de autodiagnóstico de la COVID-19 y regular su publicidad. Hasta ahora estos productos exigían prescripción.

Modifica la Ley de Salud Pública de las Illes Balears y el régimen sancionador frente a la COVID-19. Incluye una disposición que limita los precios y tarifas de las pruebas diagnósticas.