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Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Actualiza varias cualificaciones profesionales del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Estas pertenecen a las familias Agraria, Artes y Artesanías, Electricidad y Electrónica, Hostelería y Turismo, Informática y Comunicaciones, y Textil, Confección y Piel. La norma modifica cualificaciones ya establecidas por reales decretos anteriores.

Permite adaptar la formación de los certificados de profesionalidad durante la crisis sanitaria de la COVID-19. Regula cómo impartir la parte presencial, usar aulas virtuales, ajustar la teleformación y realizar las prácticas en centros de trabajo.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Actualiza una cualificación profesional de la familia de Informática y Comunicaciones y modifica parcialmente otras cualificaciones de la misma familia. Estas cualificaciones forman parte del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Establece medidas temporales para que la formación profesional para el empleo pueda seguir impartiéndose durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite usar aulas virtuales como formación presencial, adapta la ejecución de los cursos y amplía plazos de programas formativos.

Establece las características que deben cumplir los soportes y aplicaciones informáticas para cumplimentar por medios electrónicos los documentos de control exigidos en los transportes por carretera. También fija cómo deben enviarse copias de esos documentos a la inspección cuando se detecte una posible infracción.