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Modifica las bases reguladoras de las subvenciones del Estado al Seguro Agrario. Cambia el Real Decreto 425/2016, que regula la concesión de estas ayudas a los agricultores que contratan seguros agrarios.

Aprueba la política de seguridad de la información y de protección de datos en los sistemas electrónicos del Ministerio de Universidades. Crea la Comisión Ministerial de Administración Digital y fija su composición y funciones. También define los roles responsables de la seguridad y el tratamiento de datos.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información de la administración digital del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Define principios, responsabilidades y estructura organizativa para proteger los servicios y datos que gestiona el Ministerio. También modifica la norma que regula su Comisión Ministerial para la Administración Digital.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para los sistemas de administración electrónica. Fija principios, estructura organizativa, responsabilidades y obligaciones del personal en materia de seguridad de la información.

Aprueba la Política de Seguridad de la Información para la administración digital del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Establece principios, estructura organizativa, gestión de riesgos y protección de datos personales. Deroga la orden anterior de 2014.

Aprueba la Política de Seguridad de los servicios digitales que presta la Secretaría General de Administración Digital. Fija los principios, la estructura organizativa y las responsabilidades para proteger la información y los datos personales en esos servicios.

Aprueba el Plan de Estadística de Navarra para el periodo 2021-2024, que ordena y planifica la actividad estadística de la Comunidad Foral. Fija objetivos, operaciones estadísticas y programas anuales, y crea el Sistema de Indicadores Estadísticos Público de Navarra (SIEN). También modifica la Ley Foral de Estadística de Navarra.

Regula cómo las autoridades competentes tratan datos personales para prevenir, detectar, investigar y enjuiciar delitos y ejecutar sanciones penales. Adapta al ordenamiento español la Directiva (UE) 2016/680 y fija principios, derechos de las personas, obligaciones de los responsables y régimen sancionador.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2021, que adapta la ley española a varias directivas de la Unión Europea. Las materias son competencia, blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, tributos, daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores y defensa de los consumidores.

Fija criterios sobre el envío de propaganda electoral sin identificar al destinatario (buzoneo). Permite usar tarifas postales especiales con el límite de un envío por elector y declara que su coste es gasto electoral, pero no puede recibir la subvención pública para envíos personalizados.

Este real decreto-ley incorpora al derecho español varias directivas de la Unión Europea. Regula la defensa de la competencia, la prevención del blanqueo de capitales, las entidades de crédito, las telecomunicaciones, el IVA, los daños medioambientales, el desplazamiento de trabajadores y la defensa de los consumidores.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, sobre medidas sociales de refuerzo y consolidación en defensa del empleo. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece medidas organizativas en el ámbito sanitario, social y de salud pública para afrontar la COVID-19. Permite a enfermeras del ICAM acceder a historias clínicas en trámites de incapacidad temporal, regula la comunicación de datos del personal de servicios sociales residenciales y crea el Registro de vacunación de Cataluña. También modifica dos decretos-ley anteriores.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Adapta la normativa española al Reglamento europeo sobre identificación electrónica y servicios de confianza. Regula los certificados electrónicos, las obligaciones y la responsabilidad de los prestadores de estos servicios, su supervisión y las sanciones por incumplir. También modifica otras leyes para ajustarlas a este marco.