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Establece un procedimiento para que las entidades financieras colaboren con la Tesorería General de la Seguridad Social por vía telemática. Permite obtener información y embargar los pagos que se hacen a deudores de la Seguridad Social a través de Terminales de Punto de Venta (TPV).

Fija qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales del INSS y qué dirección resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional. Sustituye a la resolución de enero de 2022.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Modifica la Resolución de 14 de enero de 2022 del Instituto Nacional de la Seguridad Social para incluir el ingreso mínimo vital entre las prestaciones cuya resolución puede adoptarse de forma automatizada. También cambia el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y fija cuál es competente en pensiones con convenios internacionales, incluido el de Senegal.

Aprueba los modelos oficiales de certificado que los Servicios Sociales y las entidades del Tercer Sector de Acción Social deben usar para acreditar los requisitos de acceso al ingreso mínimo vital. Estos modelos figuran en los anexos I y II.

Establece qué prestaciones de la Seguridad Social puede resolver el Instituto Nacional de la Seguridad Social de forma automatizada, con sello electrónico. Fija criterios objetivos para repartir expedientes entre direcciones provinciales y determina qué dirección provincial reconoce pensiones con normas internacionales.

Regula qué actos de los procedimientos de reconocimiento de ciertas prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar puede realizar de forma automatizada el Instituto Social de la Marina, firmándolos con su sello electrónico. Los actos automatizables son las comunicaciones de trámite y la resolución del procedimiento.

Regula los principios generales y la organización del sistema de información contable de la Seguridad Social. Sustituye al Real Decreto 508/2000 y actualiza el marco que aplica la Intervención General de la Seguridad Social. Incluye el ámbito de aplicación, los fines y los principios del sistema.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Actualiza los diseños y la forma de cumplimentar varios modelos informativos tributarios anuales, entre ellos los de alquileres, donativos, cotizaciones por maternidad, activos financieros y cuentas financieras. Introduce precisiones técnicas para evitar errores al rellenarlos.

Habilita hacer trámites y presentar solicitudes y documentos con la Seguridad Social por teléfono e internet, usando sistemas de identificación como certificados electrónicos, Cl@ve, SMS, videoconferencia o datos biométricos. Regula qué permite cada sistema y cómo se presentan solicitudes con formularios electrónicos.

Regula el Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social, donde se inscriben los poderes que una persona da a otra para hacer trámites por medios electrónicos ante la Seguridad Social. Fija los tipos de apoderamiento, quién puede otorgarlos, cómo se inscriben, su vigencia y cómo se consultan.

Regula cómo la Administración de la Seguridad Social envía notificaciones y comunicaciones por medios electrónicos. Establece quién está obligado a recibirlas así, cómo se ponen a disposición en la sede electrónica y cómo se practican. También fija cuándo se usan medios no electrónicos.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Adopta medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Incluye refuerzo del gasto sanitario, apoyo a familias, al turismo y aplazamiento de deudas tributarias. También regula la contratación pública y transferencias de crédito entre administraciones.