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El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de varias entidades sociales contra el Reglamento de extranjería de 2024. Confirma la nulidad del artículo 197.2, que imponía la relación electrónica obligatoria en procedimientos de extranjería, y rechaza el resto de peticiones de anulación. Declara terminado el proceso sobre la disposición transitoria 5.ª, ya derogada.

La ley reúne medidas para reducir y simplificar la normativa de la Generalitat Valenciana, agilizar trámites administrativos y garantizar la unidad de mercado. También regula el apoyo a empresas emergentes y a la investigación, y contiene medidas en servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, medio ambiente, industria y turismo.

Regula que el Instituto Social de la Marina tramite de forma automatizada, con medios electrónicos y sin intervención directa de empleados públicos, ciertos actos en procedimientos de prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. Incluye jubilación contributiva, muerte y supervivencia, incapacidad permanente, nacimiento y cuidado de menor, incapacidad temporal y otras prestaciones relacionadas.

Establece el procedimiento para que la Agencia Tributaria embargue telemáticamente dinero en cuentas abiertas en proveedores de servicios de pago, como las entidades que gestionan monederos o pagos electrónicos. Regula cómo se envían las órdenes de embargo, cómo se retiene el dinero y cómo se comunican los resultados.

Modifica la norma que regula las notificaciones y comunicaciones electrónicas en la Administración de la Seguridad Social. Actualiza el marco de relación electrónica obligatoria con la Seguridad Social conforme a la Ley 39/2015 y al Reglamento de actuación por medios electrónicos.

La ley regula la simplificación administrativa en La Rioja: reduce trámites y cargas para ciudadanos y empresas, ordena la intervención administrativa, impulsa la transformación digital y fija reglas de calidad normativa y un régimen sancionador.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Establece el procedimiento para pagar por internet la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico (modelo 990). Sustituye a la resolución de 2023 y permite usar las nuevas modalidades de pago de la Agencia Tributaria, como tarjeta y transferencia bancaria instantánea.