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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2024, que adopta medidas urgentes complementarias dentro del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 17/2022, que adopta medidas urgentes en materia de energía. Incluye cambios en el régimen retributivo de las instalaciones de cogeneración y una bajada temporal del IVA de determinados combustibles.

Aprueba las tarifas que SEGIPSA aplicará por trabajos de preservación digital e ingesta de documentación electrónica encargados por entidades del sector público estatal. También deroga las tarifas anteriores de custodia digital e indexación de archivos electrónicos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 27/2021, que prorroga determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, que aprueba medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Aprueba las tarifas que la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) cobrará por investigar la situación jurídica, registral y catastral de inmuebles y por regularizarlos. Fija importes para la investigación patrimonial y para los trabajos de regularización, como certificados, proyectos de segregación y solicitudes catastrales.

Aprueba las tarifas que SEGIPSA cobrará por revisar proyectos de edificación antes de su supervisión oficial. El importe depende del presupuesto de ejecución material del proyecto y se paga por informe.