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Modifica varias leyes catalanas de vivienda y urbanismo para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas sobre obra pública, fianzas de alquiler, urbanismo, vivienda protegida, barrios y equipamientos comerciales.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Modifica las condiciones del servicio de consulta telefónica de números de abonado (código 118). Cambia el umbral de precio para el acceso directo, fija un nuevo límite de duración de la llamada y elimina la progresión de llamada. También obliga a facturar por separado este servicio.

Modifica la norma que regula el descuento en billetes de tren para miembros de familias numerosas y cómo se devuelve el dinero a las empresas ferroviarias. Incluye entre los billetes con derecho a devolución los emitidos y no utilizados que no se cancelaron, y permite empezar a recuperar descuentos cuando no se puedan comprobar los requisitos por la Plataforma de Intermediación. También corrige errores en los anexos.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Permite a las instalaciones de cogeneración renunciar al régimen retributivo específico para acogerse al mecanismo de ajuste de costes del gas. También reduce temporalmente el IVA del gas natural, briquetas y pellets, e impulsa la tramitación de renovables.

Aprueba las tarifas que SEGIPSA aplicará por trabajos de preservación digital e ingesta de documentación electrónica encargados por entidades del sector público estatal. También deroga las tarifas anteriores de custodia digital e indexación de archivos electrónicos.

Prorroga varias medidas económicas aprobadas durante la pandemia para apoyar a empresas y autónomos. Extiende el plazo de ayudas a la liquidez y la solvencia, excluye las pérdidas de 2020 y 2021 como causa de disolución y amplía la moratoria para declarar concurso. También fija reglas sobre inversiones extranjeras y medidas en el suministro de gas.

Regula un nuevo marco de retribución para instalaciones que producen electricidad con fuentes renovables. Ese marco se concede mediante subastas en las que se oferta potencia o energía y se compite por precio. Incluye un registro electrónico y reglas de liquidación.

Aprueba medidas para impulsar las energías renovables y ordenar su conexión a las redes eléctricas, fomentar la eficiencia energética y nuevos modelos de negocio. Incluye además medidas económicas y de empleo, como el destino del superávit de los ayuntamientos y deducciones fiscales por innovación.

Aprueba las tarifas que la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio (SEGIPSA) cobrará por investigar la situación jurídica, registral y catastral de inmuebles y por regularizarlos. Fija importes para la investigación patrimonial y para los trabajos de regularización, como certificados, proyectos de segregación y solicitudes catastrales.

Aprueba las tarifas que SEGIPSA cobrará por revisar proyectos de edificación antes de su supervisión oficial. El importe depende del presupuesto de ejecución material del proyecto y se paga por informe.