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El Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de varios preceptos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que regula la mejora y simplificación para fomentar la actividad productiva. La suspensión había sido acordada al admitir un recurso de inconstitucionalidad y publicada en mayo de 2020.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Permite que las personas y entidades que colaboran con la Agencia Tributaria presenten por internet, en nombre de terceros, la solicitud de inscripción en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas y Semirrígidas de Alta Velocidad y la solicitud de autorización de uso de estas embarcaciones. También aprueba un documento normalizado para acreditar esa representación.

Modifica el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias para incorporar decisiones europeas sobre el uso de bandas de frecuencias para el 5G. Fija límites a la cantidad de frecuencias que puede usar un mismo operador en las bandas de 700, 800 y 900 MHz.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Regula el traslado de residuos dentro de España. Establece los requisitos comunes a todos los traslados, como el contrato de tratamiento y el documento de identificación, y los específicos, como la notificación previa y la oposición al traslado. También regula la vigilancia, el control y la inspección.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Decreto-ley 2/2020 de Andalucía, que regula la mejora y simplificación para fomentar la actividad productiva. El recurso lo presenta el presidente del Gobierno.

Establece el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito: su definición, las actividades que pueden realizar, los requisitos para obtener y mantener la autorización, las obligaciones de solvencia e información y las reglas de supervisión. También modifica el Reglamento del Registro Mercantil y otra norma sobre entidades de crédito.