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Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 16/2025, que prorrogaba medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social y adoptaba medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Prorroga varias medidas de protección social y adopta medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social. Incluye normas sobre vivienda, energía, pensiones, empleo, impuestos y financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Establece el calendario para aplicar los procedimientos de financiación que permiten a ciertas entidades locales cancelar deudas pendientes con proveedores. Regula también el contenido de los planes de ajuste y su posible revisión en esos procedimientos.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adherirse al Fondo de Ordenación para 2025. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos pueden presentar su solicitud en el plazo de un mes, ampliable en 15 días.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Establece las instrucciones y el calendario para que ciertas entidades locales soliciten financiación extraordinaria y cancelen facturas pendientes de pago anteriores al 1 de julio de 2021. Define también los modelos de certificados de deuda y el contenido de los planes de ajuste.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.