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Establece las bases y la convocatoria de ayudas para proyectos de infraestructuras ambientales, sociales y digitales en municipios afectados por el cierre de minas de carbón, centrales térmicas y nucleares. Las ayudas se conceden en concurrencia competitiva y se financian con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Establece medidas extraordinarias para la formación profesional para el empleo programada por las empresas durante la pandemia de COVID-19. Permite usar el aula virtual como formación presencial y amplía el uso de medios electrónicos. Regula también la comunicación del inicio de la formación.

Publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Crea un sistema nacional para prevenir, detectar, alertar, seguir y responder a la desinformación, y una Comisión Permanente que coordina a los organismos implicados.

Modifica las bases de las ayudas para la transformación digital de la industria española (Industria Conectada 4.0). Reduce la aportación inicial que deben hacer las empresas para participar en el programa, y ese menor importe lo asume el presupuesto del Ministerio.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública restablece medidas para los Registros de Lleida y municipios del Baix Segrià por los rebrotes de COVID-19. Emite certificados para el desplazamiento del personal registral, prorroga el plazo de calificación y despacho y fija la atención al público por vía telemática y telefónica.

Autoriza a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo a fijar los precios de los servicios académicos de sus títulos y diplomas no oficiales para 2020, con tarifas adaptadas al COVID-19 y a la modalidad online.

Establece que las licencias y certificados del personal de aviación civil (controladores aéreos, técnicos de mantenimiento, pilotos, tripulantes de cabina y pilotos de ultraligeros) se entreguen en formato electrónico en lugar de en papel. Se apoya en las resoluciones dictadas durante el estado de alarma por la COVID-19.

Establece medidas temporales para que la formación profesional para el empleo pueda seguir impartiéndose durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite usar aulas virtuales como formación presencial, adapta la ejecución de los cursos y amplía plazos de programas formativos.

Autoriza que la formación marítima teórica se imparta a distancia y «on line» mientras dure el estado de alarma por el COVID-19. Se dirige a los centros públicos y privados que dan esta formación y a quienes necesitan obtener o renovar títulos y certificados marítimos.