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Establece medidas extraordinarias para la formación profesional para el empleo programada por las empresas durante la pandemia de COVID-19. Permite usar el aula virtual como formación presencial y amplía el uso de medios electrónicos. Regula también la comunicación del inicio de la formación.

Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y permite a CERSA ampliar hasta el 1 de junio de 2021 el plazo para solicitar avales públicos a empresas y autónomos, y extender el vencimiento de los avales ya concedidos.

Publica un acuerdo del Consejo de Ministros que fija las condiciones de nuevos tramos de la línea de avales del Real Decreto-ley 25/2020. Estos tramos financian a empresas en convenio concursal y a empresas que no renovaron su programa de pagarés en el MARF antes del 23 de abril de 2020.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Establece las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas para el primer tramo de 2020 destinadas a pescadores cuya actividad se paralizó por el COVID-19 y que tramitaron una suspensión de contrato o reducción de jornada. Las ayudas las gestiona el Instituto Social de la Marina y se pagan a través de la Tesorería General de la Seguridad Social.

Publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Crea un sistema nacional para prevenir, detectar, alertar, seguir y responder a la desinformación, y una Comisión Permanente que coordina a los organismos implicados.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, sobre trabajo a distancia, y ordena su publicación. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 29/2020, que establece medidas urgentes sobre teletrabajo en las Administraciones Públicas y sobre recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para afrontar la crisis sanitaria de la COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Regula el teletrabajo como modalidad de trabajo a distancia para las empleadas y empleados públicos, y establece medidas excepcionales de contratación de personal sanitario para reforzar el Sistema Nacional de Salud durante la crisis de la COVID-19.

Regula el trabajo a distancia en las empresas, incluyendo el teletrabajo. Establece que debe ser voluntario y acordarse por escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija los derechos de quien trabaja fuera del centro de trabajo.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Modifica las bases de las ayudas para la transformación digital de la industria española (Industria Conectada 4.0). Reduce la aportación inicial que deben hacer las empresas para participar en el programa, y ese menor importe lo asume el presupuesto del Ministerio.

Aprueba un sexto paquete de medidas urgentes en Navarra para responder al impacto del coronavirus. Incluye compensaciones a concesionarias de transporte interurbano, ajustes en la renta garantizada, autorizaciones excepcionales para energía eólica y varias medidas tributarias y de apoyo al personal sanitario y a las empresas.

Permite a los ayuntamientos usar el superávit de 2019 para inversiones sostenibles y les da apoyo financiero. Crea créditos extraordinarios para la recuperación económica y social local y para el transporte público. Regula también el endeudamiento local y su participación en tributos del Estado.