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La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2026. Incluye cambios en tributos cedidos, tasas y precios públicos, y modificaciones de normas sobre seguridad, medio ambiente, educación, política social, empleo público, vivienda, sanidad, cultura y medio rural.

Desarrolla medidas para coordinar la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales entre administraciones. Establece una calificación común de las unidades de extinción, un protocolo de coordinación de medios aéreos, indicativos de radio únicos, simbología común en mapas y condiciones mínimas de seguridad del personal.

Establece el marco para fomentar una movilidad sostenible en España. Crea órganos de coordinación entre administraciones, instrumentos de planificación y un sistema de datos sobre movilidad. Regula también la planificación de infraestructuras, la innovación, la digitalización y un régimen sancionador.

Modifica el Reglamento del Comité Español de Ética de la Investigación para atribuirle de forma explícita la facultad de elaborar pronunciamientos sobre conflictos de integridad científica, investigación responsable y ética profesional que afecten a organizaciones o a sus responsables o integrantes.

La ley regula el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la Administración pública gallega. Establece principios generales, derechos de la ciudadanía, órganos de gobernanza, planificación y un procedimiento para definir, aprobar e implantar proyectos de inteligencia artificial. También incluye medidas económicas, fiscales, de I+D+i y de formación.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

La ley modifica normas de la Comunidad Autónoma de La Rioja sobre hacienda pública, presupuestos, tributos y administración. Incluye cambios en la gestión de la tesorería, en los presupuestos de 2025 y en materias como vivienda, urbanismo, servicios sociales, salud, policías locales y fondos europeos.

La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Regula los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia (radio y televisión autonómicas) para adaptarlos al entorno digital. Establece su misión de servicio público, su organización, su financiación y los controles externos.

Concede una subvención directa a la Asociación Española de Normalización (UNE) para financiar la secretaría, la actividad de normalización y la acción internacional en comités de tecnologías digitales, telecomunicaciones e infraestructuras digitales. Regula el procedimiento, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.

Aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., un organismo estatal con autonomía e independencia del Gobierno. El Estatuto regula su organización, personal, presupuesto, contratación y funcionamiento para proteger a quienes denuncian infracciones normativas.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Aprueba el nuevo Reglamento del Sistema Arbitral de Consumo, que regula cómo se organizan las Juntas Arbitrales y cómo se tramitan las reclamaciones de consumidores frente a empresarios mediante arbitraje, con decisión vinculante y sin acudir a los tribunales.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

Crea la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha como organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios, dependiente de la consejería competente en digitalización. Además modifica varias leyes autonómicas en materias administrativas para complementar los objetivos de los presupuestos de 2024.

Modifica la Ley 8/1987 que regula la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Cambia la composición del Consejo de Administración y la forma de designar y cesar al equipo de Dirección de la Corporación y sus sociedades.

Modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones para completar el desarrollo de la Ley 12/2022, que impulsa los planes de pensiones de empleo. Regula la integración de planes simplificados en fondos de empleo, sus promotores, partícipes, información, movilización de derechos y comisión de control.

Aprueba un nuevo Reglamento del Registro de la Propiedad Intelectual. Regula la organización y funciones del registro central y de los registros territoriales, el procedimiento de inscripción, la publicidad registral y la coordinación entre administraciones. Sustituye al reglamento de 2003 y adapta el registro a la tramitación electrónica.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.