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Regula la concesión directa de una subvención a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca (ANMUPESCA) para fomentar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el sector pesquero. Fija el procedimiento, las actividades y gastos subvencionables, la cuantía, el pago y la justificación.

Regula la concesión directa de subvenciones a entidades en el ámbito del Ministerio de Universidades, sin convocatoria pública. Entre las beneficiarias están la Fundación César Carlos y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Fija el procedimiento, las obligaciones, las cuantías y la justificación.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Regula la concesión directa de subvenciones a cuatro entidades (Fundación CEPAIM, Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano y Federación Española de Universidades Populares) para desarrollar el programa SARA. Este programa se dirige a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como migrantes, de etnia gitana, jóvenes y mayores de 45 años.

Modifica la Ley 19/2017 de renta valenciana de inclusión para adaptarla a la entrada en vigor del ingreso mínimo vital estatal. Reordena y cambia artículos y títulos de esa ley y añade nuevas prestaciones económicas.

Establece las bases para conceder subvenciones en 2020 dentro del Programa europeo Cuerpo Europeo de Solidaridad, que promueve el voluntariado y la participación de jóvenes y organizaciones en actividades de solidaridad. Fija requisitos, criterios de concesión, pagos y control de las ayudas.

Modifica el artículo 51 de la Ley de capitalidad de Palma para fijar los supuestos en que el defensor o defensora de la Ciudadanía cesa en el cargo antes de terminar su mandato. Estos supuestos son dimisión, inhabilitación o incapacidad firme, pérdida de la condición de vecino, condena por delito doloso firme, negligencia manifiesta apreciada por el Pleno y defunción.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para paliar los efectos sociales del COVID-19. Regula el mantenimiento de los servicios sociales básicos y los conciertos sociales, la gestión de la renta social garantizada, la selección de personal temporal para servicios esenciales, las ayudas al alquiler de vivienda y el fomento de la investigación sanitaria.

Establece medidas urgentes en educación en las Illes Balears para afrontar los efectos de la emergencia sanitaria del COVID-19. Regula la adscripción y admisión del alumnado, su tramitación telemática y la relación electrónica del personal docente no universitario con la Consejería de Educación.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Establece medidas urgentes para proteger el territorio de las Illes Balears. Regula el suelo urbano no consolidado, la reclasificación de suelo urbanizable y las condiciones para edificar y usar vivienda unifamiliar en suelo rústico, con medidas de integración paisajística y ahorro de agua.

Publica los acuerdos de la ONCE sobre sus actividades de juego tras el estado de alarma por el COVID-19. Incluye el reinicio de los sorteos del «Juego Activo», el pago de premios y el reembolso de boletos de sorteos no celebrados, y las fechas de un nuevo producto.

Establece un régimen excepcional para ejecutar las subvenciones en el ámbito de los servicios sociales durante la crisis de la COVID-19. Permite adaptar las actuaciones subvencionadas a la situación de emergencia y a la suspensión de la actividad presencial.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para gestionar el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO). Establece las actuaciones financiadas, las beneficiarias del servicio, la financiación, el procedimiento de concesión y pago, y las obligaciones de la entidad beneficiaria.

La Resolución regula cómo se retoma la formación presencial para el empleo que se había suspendido por el estado de alarma del COVID-19. Establece las condiciones para reanudar esa formación en empresas, centros de formación y programas públicos, de acuerdo con el Plan de transición a la nueva normalidad.