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La ley establece medidas para simplificar los trámites administrativos en Cantabria. Regula los plazos para resolver procedimientos, el silencio administrativo, los informes sectoriales y la declaración responsable para actividades económicas. También crea los Proyectos Empresariales Estratégicos y la Unidad Aceleradora de Proyectos.

Inicia el procedimiento para declarar Lugar de Memoria Democrática los destacamentos penales del ferrocarril directo Madrid-Burgos. Estos lugares se vinculan al trabajo forzado de presos durante la posguerra en la construcción de esa línea ferroviaria.

Regula la actividad y el bienestar de los perros de asistencia. Establece cómo se clasifican, cómo se forman y cómo se reconoce, suspende o pierde su condición. Fija las condiciones de acceso a transportes, establecimientos y espacios públicos junto a la persona a la que asisten.

Concede una subvención directa a la Fundación Fraunhofer Spain Research para que se establezca en España y ponga en marcha un programa de investigación en teragnosis aplicada. La norma fija el procedimiento, los gastos cubiertos, la cuantía, el pago y la justificación de la ayuda.

Establece un acuerdo entre autoridades fiscales de distintos países para intercambiar automáticamente información sobre criptoactivos. Los proveedores de servicios de criptoactivos deberán identificar a sus clientes y comunicar datos a su autoridad fiscal, que los enviará a otros países.

Esta adenda añade datos nuevos al intercambio automático de información sobre cuentas financieras entre autoridades fiscales. Los datos añadidos responden a la actualización de 2023 del Estándar común de comunicación de información de la OCDE. España se considera firmante desde el 26 de noviembre de 2024.

Inicia el procedimiento para declarar la «Ciudad de Alicante» como Lugar de Memoria Democrática. La declaración se basa en tres hechos: el bombardeo del Mercado Central en 1938, el exilio por su puerto en 1939 y la tumba de Miguel Hernández.

Regula la concesión directa de subvenciones a la Fundación Francisco Giner de los Ríos (Institución Libre de Enseñanza) y a la Corporación RTVE para actividades relacionadas con la educación en 2024 y 2025. Se aprueban por la vía del artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, sin concurrencia competitiva.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado contra el Gobierno. El conflicto se refiere a la publicación en el BOE de una corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2025, que modifica el complemento de destino de los miembros de la Carrera Judicial.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un conflicto entre órganos constitucionales presentado por el Senado frente al Congreso de los Diputados. El conflicto se refiere a publicaciones del Congreso sobre el Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia, en concreto a su disposición final decimotercera, que modifica el complemento de destino de la carrera judicial en la Ley 15/2003.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un abogado al que un letrado de la administración de justicia multó con 1.000 euros por las expresiones vertidas en un escrito procesal. Declara que se vulneró su derecho a un proceso con todas las garantías en relación con el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de un hombre condenado en apelación tras haber sido absuelto en primera instancia. La sentencia anula la condena porque el tribunal de apelación cambió la valoración de la prueba sin justificación suficiente, vulnerando derechos fundamentales.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de una mujer detenida y declara que se vulneró su derecho a la libertad personal. El juzgado desestimó su petición de habeas corpus sin oírla y sin darle acceso a los datos esenciales para impugnar la detención policial.

El Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo de un periódico condenado por usar imágenes de un boxeador que no era el protagonista de una noticia sobre un homicidio en prisión. La sentencia analiza si se vulneró la libertad de información y aplica la doctrina del reportaje neutral.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra un precepto de la Ley de la Comunidad de Madrid 18/2023 que excluía a asociaciones y entidades defensoras de derechos LGTBI de la condición de interesadas en procesos penales y procedimientos administrativos sancionadores. La sentencia declara nulo ese precepto por invadir competencias estatales sobre legislación procesal y procedimiento administrativo común.

El Tribunal Constitucional estima el recurso de amparo de quince diputados del Parlamento de Cataluña. Declara que aceptar la delegación de voto de dos diputados que eludían la justicia penal vulneró el derecho de los recurrentes al ejercicio de sus funciones representativas, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar a través de sus representantes.

El Pleno del Tribunal Constitucional no admite a trámite el recurso de amparo presentado por Iratxe Sorzabal Díaz contra dos sentencias penales de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. El recurso alegaba torturas durante la detención policial.