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Crea y regula la Comisión de Seguimiento de la Ley Orgánica 8/2021, de protección de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. La Comisión se adscribe al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y analizará la puesta en marcha de la ley y su impacto.

Crea el Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la Adolescencia, un órgano permanente de consulta y participación adscrito al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. El Consejo canaliza las opiniones de niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y participa en planes y normas que les afectan.

Reorganiza los ministerios del Gobierno. Crea el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Ministerio de Política Territorial, y suprime el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Fija la lista de 22 departamentos ministeriales.

Publica el listado de entidades del Tercer Sector que actúan como mediadores sociales colaboradores de la Administración General del Estado. Estas entidades pueden certificar la situación de consumidor vulnerable o vulnerable severo para evitar el corte de luz, gas y agua.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector y otras organizaciones. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, las cuantías y la justificación para tres ámbitos: servicios sociales y familias, discapacidad y juventud.

Establece medidas especiales de recursos humanos para garantizar el funcionamiento de los servicios sociales durante el estado de alarma por el COVID-19. Permite al Imserso y a las comunidades autónomas imponer servicios extraordinarios y reasignar personal en centros públicos y privados de servicios sociales.

Crea y organiza los órganos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030: dos secretarías de estado, varias direcciones generales y la subsecretaría. También modifica el real decreto que fija la estructura básica de todos los ministerios.

Crea doce Subsecretarías en los ministerios de nueva creación y suprime siete Subsecretarías de ministerios anteriores. También fija cómo se mantienen las delegaciones de competencias, el personal y los servicios comunes hasta que se complete la nueva organización.

Reorganiza la Administración General del Estado y fija los 22 ministerios que la componen, con sus competencias y sus órganos superiores, como secretarías de Estado.