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Esta ley de la Comunidad Autónoma de Galicia reúne medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en impuestos cedidos, como deducciones en el IRPF para familias, y modifica normas sobre empleo público, vivienda, medio rural, aguas, transporte, pesca, servicios sociales, sanidad y comercio.

Modifica el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales para que los ayuntamientos comuniquen al Instituto Nacional de Estadística (INE) los cambios del padrón municipal en tiempo real, en lugar de cada mes. También prevé la interconexión entre los padrones y el INE.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 6.2 de la Ley de instituciones locales de Euskadi, que regula el uso del euskera y el castellano en las entidades locales. Declara la nulidad parcial de ese precepto en lo relativo a la lengua oficial.

Regula la cooperación de las Illes Balears para el desarrollo y la transformación global. Establece la planificación, los instrumentos y las modalidades de la cooperación, la organización de la política autonómica, los recursos y los agentes que participan, y crea el Registro de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.

Modifica varias tasas y tributos propios de la Generalitat de Cataluña, como el canon del agua, el impuesto sobre las emisiones de CO2 de vehículos, el impuesto sobre estancias turísticas y el impuesto sobre viviendas vacías. También introduce medidas financieras, de contratación pública, de personal y de organización del sector público para 2023.

Modifica varias leyes de la Comunidad de Madrid para impulsar la actividad económica y modernizar la Administración. Cambia normas sobre hacienda, tasas, urbanismo, medio ambiente, carreteras, juego, entidades locales, servicios sociales, deporte y organización administrativa.

La ley regula la gestión del agua de uso urbano en Extremadura: quién tiene competencias (Junta, municipios y entes supramunicipales), cómo se planifica y se da información al público, cómo se financian los servicios y qué infracciones y sanciones existen.

Modifica varias leyes de Castilla y León en materia de tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, juego, urbanismo, montes, salud y vivienda. Incluye medidas sobre licencias de caza y pesca, becas y acceso a personal estatutario.

Modifica la Ley de Administración Local de La Rioja para permitir que los concejales participen y voten de forma telemática en los órganos municipales cuando no puedan asistir presencialmente por circunstancias extraordinarias. Añade los artículos que regulan ese procedimiento y habilita su desarrollo reglamentario.

Regula las entidades locales menores de Cantabria: qué son, qué competencias tienen, cómo se gobiernan (Junta Vecinal o Concejo), cómo se crean, modifican o disuelven, su régimen económico y su régimen electoral.

Desarrolla y aplica en Aragón la Ley 1/2021 de simplificación administrativa. Regula el silencio positivo, el plazo de resolución de tres meses y la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables o comunicaciones. Modifica varias leyes autonómicas para adaptar sus procedimientos.

Modifica los Presupuestos Generales de Navarra para 2022. Permite ampliar las partidas de gasto de luz, gas y combustible de todos los departamentos y añade una partida para el Plan de Recuperación. También eleva el riesgo máximo de préstamos de las sociedades públicas y corrige el nombre de una entidad subvencionada.

Permite al Departamento de Educación y a los entes locales intercambiar datos para detectar alumnado con necesidades educativas específicas y distribuirlo de forma equilibrada entre centros. Regula qué datos se ceden, con qué finalidad y cómo se protegen.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Establece medidas extraordinarias y urgentes para tramitar y ejecutar los proyectos financiados con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en las Illes Balears. Regula la planificación, la gestión presupuestaria, las subvenciones, la contratación pública y el personal implicado en esos fondos.

Crea un fondo extraordinario para ayuntamientos y otros entes locales y habilita al Consejo Catalán del Deporte para dar ayudas a instalaciones deportivas afectadas por la suspensión de apertura al público. También modifica el Decreto-ley 41/2020 sobre medidas sociales en centros educativos y actividades de ocio.

Establece un régimen excepcional para el Fondo Canario de Financiación Municipal de 2020 y modifica la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. También deroga varias normas, entre ellas el artículo 80 de la Ley de Presupuestos de Canarias de 2019 y el Decreto ley 12/2020.