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Modifica la ley cántabra de reconocimiento a las víctimas del terrorismo para ampliar y precisar las ayudas autonómicas complementarias a las estatales. Fija un porcentaje del 30 por 100 para daños personales y ayudas extraordinarias, reduce el requisito de empadronamiento y prevé efectos retroactivos y un plazo extraordinario de solicitud.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras organizaciones. Establece las entidades beneficiarias, las actividades subvencionables, las cuantías, el procedimiento de concesión y las obligaciones de las entidades.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid para ampliar las ayudas a las víctimas del terrorismo. Incluye indemnizaciones por daños personales y ayudas extraordinarias, complementarias de las estatales, y fija la cuantía en el 30 % de lo concedido por el Estado.

Este real decreto-ley reúne medidas urgentes en economía, impuestos, transporte y Seguridad Social. Incluye ayudas directas al transporte de viajeros, medidas sobre pensiones y empleo, y apoyo a colectivos vulnerables, como medidas de vivienda. También prorroga medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social.

Regula la concesión directa y excepcional de subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a entidades del Tercer Sector de Acción Social y otras entidades. Establece el procedimiento, los gastos subvencionables, las obligaciones de las beneficiarias y el reintegro.

La ley regula la actuación de la Generalitat Valenciana para reconocer a las víctimas de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo, y para promover la convivencia. Crea la Unidad Valenciana de la Concordia y regula los lugares y documentos de la concordia y un catálogo de vestigios.

Publica la Estrategia Nacional contra el Terrorismo 2023, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. Esta estrategia actualiza la de 2019 y organiza la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento en cuatro pilares: Prevenir, Proteger, Perseguir y Preparar la Respuesta.

Crea las unidades administrativas de varias oficinas de asistencia a las víctimas del delito: una en la Audiencia Nacional, otra para víctimas del terrorismo en la Audiencia Nacional y oficinas en Mallorca, Ibiza, Menorca, varias provincias de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla. Regula su estructura, personal, funciones y dependencia.

La Diputación Permanente del Congreso convalida el Real Decreto-ley 5/2023, que mantiene y prorroga medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, apoya la reconstrucción de La Palma y atiende otras situaciones de vulnerabilidad. También incorpora al ordenamiento español directivas europeas sobre modificaciones estructurales de sociedades y conciliación de la vida familiar y laboral.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

La ley regula el reconocimiento y las ayudas a las víctimas del terrorismo en Cantabria. Incluye indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos o psíquicos, ayudas por daños materiales, asistencia sanitaria y social, medidas educativas, de empleo, vivienda y acceso a cultura y deporte. También crea distinciones honoríficas y actuaciones en memoria de las víctimas.

Modifica la Ley 4/2008 de medidas a favor de las víctimas del terrorismo en Aragón. Añade artículos sobre reconocimiento institucional, memoria de las víctimas, un día de recuerdo, distinciones honoríficas, protección de la intimidad e imagen, acción popular, educación para la paz y difusión del conocimiento sobre el terrorismo.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid sobre víctimas del terrorismo. Amplía su ámbito a atentados ocurridos en la región y a quienes se trasladaron a Madrid por esa causa, y permite a la Comunidad ejercer la acción popular en ciertos delitos.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

El Acuerdo regula el establecimiento en Madrid de una Oficina de Programas de la Oficina de las Naciones Unidas de Lucha contra el Terrorismo (OLCT). Fija sus funciones, su personalidad jurídica, el estatuto de sus locales y personal y la contribución de España como país anfitrión.