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Modifica el Código del Derecho Foral de Aragón para adaptar la regulación de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad a la Convención de la ONU de 2006. Cambia las normas sobre tutela, curatela, guarda de hecho y medidas de apoyo en los libros de Derecho de la Persona, Familia y Sucesiones.

La ley regula la igualdad real y efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Establece medidas de los poderes públicos en ámbitos como el laboral, la salud, la educación, la cultura, el deporte, los medios de comunicación, la familia, la acción exterior, el medio rural y el turismo. También regula la rectificación registral de la mención al sexo, la protección frente a la discriminación y la LGTBIfobia, y un régimen de infracciones y sanciones.

Fija directrices para tramitar la opción a la nacionalidad española prevista en la Ley de Memoria Democrática. Detalla quiénes pueden solicitarla, qué documentos presentar y ante qué oficina del Registro Civil hacerlo. El plazo para formalizar la declaración es de dos años, prorrogable uno más.

Reforma el Código Civil y las leyes procesales para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con apoyos en lugar de sustituciones. Sustituye la tutela por medidas como la curatela, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios, y adapta la ley a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

La ley regula la actuación de los poderes públicos de Cataluña ante la desaparición forzada de menores. Reconoce derechos a las víctimas, como el derecho a la verdad, a la tutela judicial y a la reparación. Crea una oficina de atención a las víctimas y bases de datos de afectados y de identificadores de ADN.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 16/2020, que recoge medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia frente al COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece instrucciones técnicas para que los Ayuntamientos gestionen el Padrón municipal: formación, actualización, revisión y custodia de los datos. Incluye cómo tramitar altas, bajas y cambios, y cómo remitir los datos al Instituto Nacional de Estadística (INE).

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras la suspensión de plazos por el estado de alarma del COVID-19. Regula la reactivación de juzgados y tribunales, la tramitación preferente de ciertos procedimientos y medidas concursales y societarias.

Reanuda los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española por residencia y para sefardíes originarios de España que estaban en tramitación o se inicien durante el estado de alarma por el COVID-19. Mantiene suspendido el plazo de 180 días para el juramento o promesa y la renuncia a la nacionalidad anterior ante el registro civil.