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Modifica el Real Decreto 1907/1995 para exigir que las formaciones políticas presenten una declaración de su representante general antes de tramitar las subvenciones por gastos electorales. En ella deben afirmar que no incurren en los supuestos de los apartados 3 y 4 del artículo 127 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

Vuelve a introducir en el ordenamiento las modificaciones sobre la Central de Información de Riesgos del Banco de España y sobre la publicidad de los créditos revolving que el Tribunal Supremo anuló por un defecto de procedimiento. Regula de nuevo el contenido de los informes de riesgos y los criterios del ejemplo representativo en la publicidad de estos créditos.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Modifica varias leyes del País Vasco para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas de suelo, urbanismo, vivienda protegida, medio ambiente, turismo y garantía de ingresos. Incluye medidas sobre reservas de vivienda protegida y plazos de tramitación.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Establece cómo funciona la Lista de Confianza de Espacios de Datos: qué espacios pueden inscribirse, qué información se publica de cada uno, el formulario de solicitud, los criterios de evaluación y un correo oficial de contacto. También inscribe de oficio el Espacio Nacional de Datos de Salud.

Establece cómo se elabora el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que recoge los elementos que deben retirarse o eliminarse. También crea la Comisión técnica sobre símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.

Aprueba medidas urgentes para la recuperación tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye préstamos y avales del ICO, apoyo a la industria y el turismo, aplazamientos de cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas frente a inundaciones y subvenciones al sector cultural.

La ley regula cómo la Administración de Castilla-La Mancha simplifica, agiliza y digitaliza sus procedimientos administrativos. Crea órganos de coordinación, un catálogo de procedimientos y un régimen para entidades colaboradoras y para la Administración digital, incluida la inteligencia artificial.

Modifica el Real Decreto 876/2024, que regula la concesión directa de una subvención a Unión Profesional para formar en competencias digitales a personas colegiadas. El programa se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el Plan Nacional de Competencias Digitales.

Regula cómo se determina qué organizaciones profesionales agrarias son más representativas en Castilla-La Mancha. Fija los requisitos para solicitar el reconocimiento y el procedimiento para medir esa representatividad, y deroga la normativa anterior.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

Modifica dos reales decretos de subvenciones para Memoria Democrática. Cambia la referencia al presupuesto de 2024 por el de 2025, para poder tramitar las transferencias de crédito y pagar las subvenciones en ese año.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

Aprueba el reglamento que desarrolla la ley sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en España. Regula la entrada y salida del país, los visados, la estancia, la residencia temporal y de larga duración, el trabajo, los menores extranjeros y el régimen de infracciones y sanciones.

Aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, A.A.I., un organismo estatal con autonomía e independencia del Gobierno. El Estatuto regula su organización, personal, presupuesto, contratación y funcionamiento para proteger a quienes denuncian infracciones normativas.