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Aprueba el Protocolo de reconocimiento médico forense a la persona detenida. Regula cómo los médicos forenses examinan a las personas privadas de libertad, incluido el régimen de incomunicación, y deroga la Orden de 1997 que fijaba el protocolo anterior.

Modifica el Reglamento Penitenciario para incorporar las tecnologías de la información y la comunicación en las prisiones. Regula el uso de videoconferencias en las comunicaciones con familiares, abogados y otras autoridades, y en actividades formativas o terapéuticas.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados de la Ley Orgánica 1/2015, que modificó el Código penal. La sentencia declara constitucional la regulación legal de la prisión permanente revisable.

Aprueba el nuevo Reglamento de asistencia jurídica gratuita, que sustituye al de 2003. Regula las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita, el procedimiento para reconocer el derecho, la organización de abogados y procuradores de oficio y la subvención del servicio.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a entidades que colaboren en ejecutar y seguir las medidas alternativas a la prisión y ciertos programas de atención social. Regula quién puede pedirlas, cómo se solicitan, valoran y justifican, y cómo se controlan y reintegran.

Reanuda de forma paulatina en los centros penitenciarios las comunicaciones ordinarias de los internos, las salidas de permiso y programadas, los traslados y las actividades educativas, formativas, terapéuticas, deportivas, culturales y religiosas. Estas actividades pueden volver a suspenderse si la situación epidemiológica lo aconseja.