Buscar en el BOE

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Modifica varios impuestos de Navarra: renta, patrimonio, sociedades, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, tasas y haciendas locales. Se centra en mejorar la fiscalidad de las empresas, sobre todo del sector primario y del audiovisual.

La ley establece objetivos de bienestar para las generaciones presentes y futuras en las Illes Balears y crea una comisión que evalúa el impacto de las políticas públicas y de las normas sobre ese bienestar. También obliga a elaborar informes de evaluación de impacto, incluido uno anual y otro sobre los presupuestos.

Establece medidas para impulsar la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. Regula el autoconsumo, las comunidades de energía, las líneas directas y las redes de distribución cerradas. También ordena la integración urbanística de la generación renovable y crea un fondo de solidaridad energética.

La ley regula la economía social en Aragón: define qué es, qué entidades la forman y cómo se organizan. Establece políticas de fomento, apoyo económico, formación y un Plan Aragonés de Impulso. Crea el Consejo Aragonés de la Economía Social.

Regula la economía social en Canarias: define qué entidades forman parte de ella, crea un catálogo canario de estas entidades y establece medidas de fomento, ordenación y difusión del sector. También crea la Comisión de la Economía Social de Canarias y prevé una estrategia canaria de economía social.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

Modifica varias leyes de La Rioja para adaptar impuestos y normas administrativas al año 2021. Incluye cambios en tributos cedidos y propios, educación, menores, servicios sociales, urbanismo y función pública, entre otros.

Esta ley acompaña a los presupuestos de Cantabria de 2021 y reúne medidas fiscales y administrativas. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia varias leyes autonómicas sobre estadística, función pública, emergencias, cooperativas, medio ambiente, puertos, deporte, urbanismo, servicios sociales y empleo.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Modifica tres leyes extremeñas sobre ordenación del territorio, vivienda y grandes instalaciones de ocio. Busca reactivar la economía de Extremadura tras los efectos de la COVID-19 en la edificación y el urbanismo.

Amplía y completa medidas para paliar los efectos del COVID-19 en agricultura, ciencia, economía, empleo, Seguridad Social e impuestos. Incluye prórroga de la flexibilización del empleo agrario, avales a la Comisión Europea, moratorias de préstamos y cambios en el Impuesto sobre Sociedades.

Establece las condiciones del tercer tramo de la línea de avales del Estado para préstamos a empresas y autónomos afectados por el COVID-19, para pagarés del MARF y para reavales de CERSA. Fija los importes de cada tramo y autoriza compromisos de gasto futuro.

El Consejo de Ministros acuerda poner en marcha un segundo tramo de avales por 20.000 millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. Estos avales cubren la financiación que las entidades financieras concedan a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por el COVID-19.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que fija las condiciones del primer tramo de la línea de avales del ICO, de hasta 20.000 millones de euros, para que las entidades financieras presten a empresas y autónomos afectados por el COVID-19. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avala esa financiación y el ICO la gestiona.