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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que añadió al Código Penal el artículo 172 quater, que castiga el acoso a mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente el embarazo y a los profesionales sanitarios de esos centros. La sentencia analiza si esa norma respeta el principio de legalidad penal y las libertades ideológicas y de expresión.

Modifica el Real Decreto que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a llamarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Regula la inscripción, el acceso, la cancelación y la certificación de datos, e incorpora la comprobación automatizada de antecedentes.

Modifica el Código Penal en materia de delitos contra la libertad sexual para evitar que en casos graves se apliquen las penas mínimas de los nuevos marcos penales. También corrige omisiones sobre responsabilidad penal de personas jurídicas y sobre la difusión de contenidos que incitan a agresiones sexuales a menores de dieciséis años.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, que modificó el Código Penal para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Modifica el Código Penal para incluir la aporofobia y la exclusión social como motivos de discriminación en los delitos de odio. También actualiza los artículos 22 y 510 sobre penas por fomentar, difundir o lesionar la dignidad de grupos discriminados.

Modifica el Código Penal para castigar el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente su embarazo. También castiga el acoso a los trabajadores sanitarios de esos centros. El tribunal puede prohibir al autor acercarse a determinados lugares.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios apartados de la Ley Orgánica 1/2015, que modificó el Código penal. La sentencia declara constitucional la regulación legal de la prisión permanente revisable.

Establece un sistema de protección integral para niños, niñas y adolescentes frente a cualquier forma de violencia. Regula derechos de las víctimas, deberes de comunicación, prevención, detección y actuación en ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, digital y deportivo.