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El Pleno del Tribunal Constitucional deja sin efecto la suspensión de los artículos 87, 88 y 89 (apartados 2 y 3) de la Ley 1/1983 de la Comunidad de Madrid, añadidos por la Ley 8/2024. Esos preceptos habían quedado suspendidos al admitirse un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

Modifica varias leyes de Castilla-La Mancha en materias administrativas y tributarias para aplicar los objetivos de los presupuestos de 2025. Ajusta normas sobre hacienda, archivos, educación, montes, patrimonio cultural, ordenación del territorio, infancia, integridad pública y juego.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del Presidente del Gobierno contra varios artículos y disposiciones de la Ley 5/2024, de Concordia de la Comunitat Valenciana. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados queda suspendida.

La ley regula la actuación de la Generalitat Valenciana para reconocer a las víctimas de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura y el terrorismo, y para promover la convivencia. Crea la Unidad Valenciana de la Concordia y regula los lugares y documentos de la concordia y un catálogo de vestigios.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.

Crea la Fundación Panteón de Galegas e Galegos Ilustres y regula su organización, con la presidencia y un patronato al frente. Establece sus fines de custodiar la memoria colectiva y reconocer a personas destacadas de Galicia.

Esta ley de Extremadura agrupa medidas para agilizar la respuesta de la administración a la ciudadanía y mejorar la prestación de servicios públicos. Incluye cambios en el impulso a proyectos empresariales, en normas ambientales, urbanísticas, tributarias, de consumo, de renta garantizada y de contratación pública, entre otras.

Regula los archivos y la gestión documental de las Illes Balears. Establece qué documentos forman el patrimonio documental, cómo se organiza el Sistema Archivístico y cómo se gestionan los documentos públicos, incluidos los electrónicos. También fija el acceso a los documentos y el régimen de infracciones y sanciones.

Regula la gestión de los documentos públicos y el patrimonio documental de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ordena cómo se crean, conservan, valoran, seleccionan y dan acceso a los documentos de las administraciones y de los archivos privados protegidos. También crea órganos de coordinación y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica varias normas tributarias de Navarra, entre ellas el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales. Ajusta la tarifa del IRPF y las deducciones por mínimos personales y familiares.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos de la Ley de Aragón 8/2018, de actualización de los derechos históricos. Anula el precepto que atribuía al presidente de la Diputación General de Aragón la competencia para convocar un referéndum de ratificación de la reforma estatutaria.

Modifica varias leyes de La Rioja para 2020. Incluye cambios en impuestos propios y cedidos (IRPF, patrimonio, sucesiones, transmisiones y juego) y medidas administrativas en turismo, agua, juego, hacienda, contratación, patrimonio, innovación, servicios sociales, carreteras, viñedo, educación, animales y desarrollo económico. También reactiva el Defensor del Pueblo Riojano.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de las Cortes de Aragón 8/2018, de actualización de los derechos históricos de Aragón. Declara nulos los preceptos autonómicos que hacen de los derechos históricos el fundamento del poder autonómico y de su ejercicio, y admite una interpretación conforme a la Constitución de la declaración de interés general a efectos expropiatorios de bienes y archivos del patrimonio cultural e histórico de Aragón.